El manejo del agua se hace con fines políticos, como ocurrió con el debate de la Ciudad de México. Y es que uno de los temas centrales en los gobiernos progresistas o de izquierda es precisamente desprivatizar el servicio de agua potable para hacer realidad que el agua sea un derecho humano. Sin embargo, los grandes intereses económicos y políticos en torno al tema mantienen una lucha sin tregua, entre lo que dice la ley, y el aparato administrativo que es la Comisión Nacional del Agua para quitar de en medio la mentalidad privatizadora.
La escasez de ésta, obliga a la ciudadanía a tener una actitud más activa en su defensa, como ocurre en Puebla desde hace más de una década, con la Asamblea Social del Agua, asociación que ha venido impulsando una nueva Ley de aguas en Puebla y que ha enfrentado los grandes intereses económicos y políticos, incluso al gobierno morenista haciéndose de la vista gorda a la hora de revertir una concesión leonina, poco transparente y plagada de candados.
En este contexto, es importante y vital que la población esté bien informada al respecto para luchar en una batalla sin tregua para defender este recurso vital del que depende la vida. Cada vez que existen campañas electorales aparece el tema del abastecimiento del agua. Los discursos solo se centran en la gratuidad. Pocas veces se habla de un plan integral en el que se reconstruyan los ciclos naturales del agua, o el financiamiento para la infraestructura.
Pero antes de continuar con el planteamiento les recuerdo que en México el 5 de junio de 2018, en el Día mundial del medio ambiente, Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, con los que se eliminaron las vedas de 300 cuencas hidrológicas, más o menos lo que equivale al 55 por ciento de los lagos y ríos del país, y aunque se diga que no se privatizó, esto significa que el agua en estas zonas puede ser aprovechada mediante títulos de concesión. Y una concesión es: “negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones”.
En su libro: El agua en nuestras manos, Pedro Moctezuma hace la siguiente reflexión, “sucede que los gobiernos municipales o estatales dejan que la comunidad maneje y costee su agua sin acceso a recursos públicos; hasta que tienen algún motivo político o económico para tomar el control de los sistemas de agua…muchas veces registran dichos pozos sin notificación a la comunidad y luego la ofrecen a fraccionamientos, industrias y facilitando la fragmentación comunitaria”.
Lo anterior significó y significa que el agua sea un multimillonario negocio para empresas nacionales y extranjeras. Puebla no es ajena a esta política privatizadora que dio inicio el entonces gobernador Rafael Moreno Valle, en 2013. Presos políticos fueron víctimas de ese gobierno, como Francisco Castillo Montemayor por defender el agua y denunciar los llamados “proyectos de muerte” en diferentes regiones del estado. Ante la crisis política en la gestión del agua, porque hubo movilizaciones en las diferentes regiones del país, en mayo de 2023 se logró reformar nuevamente la Ley de aguas y reconocer al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial a irrenunciable. Lucha en la que activistas poblanos a través de la ASA han dado la batalla y han evitado cortes de agua por falta de pago, además han logrado visibilizar el negocio que se hace del agua y que afecta a los más pobres. La lucha legal continúa y en esta coyuntura política, surge una propuesta de un candidato que hace referencia a la creación de una Comisión para que se analice la viabilidad para la desprivatización del servicio de agua potable en Puebla. De promesas y demagogia están copados los políticos. En contraparte he de decir que es hora de que la ciudadanía se convierta en un ente más activo y propositivo, que evidencie aquellos asuntos que deben mejorar o cambiar para ser más congruentes con las circunstancias actuales. Ojalá esa misma voluntad sea haga evidente en el momento de cumplir compromisos.
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