La nueva ley de ciencia y tecnología en México ha sido publicada por lo que podemos decir adiós al Conacyt, hola al Conahcyt y aquí te contamos que implica esto.
La nueva ley de ciencia y tecnología en México es oficial y con ella se avecina una serie de amparos y controversias de quienes no confían en la nueva perspectiva nacional para hacer de México potencia en innovación.
La comunidad científica ha sido tajante en su rechazo a la ley que fue aprobada en una semana en Congreso y que convierte al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Conahcyt, por sus siglas.
No es fortuito que la palabra «humanista» y sus derivados se repitan 93 veces en la nueva ley. El cambio parece estético, pero en realidad es el ajuste más visible a la serie de entramados sobre cómo se toman decisiones presupuestales en proyectos científicos que reciben apoyo gubernamental.
Entre otras cosas, la ley define que la ciencia en México debe ser accesible por todos, lo que significa que debe tener beneficio social y su principal enfoque debe ser el de contribuir a resolver los problemas más urgentes del país.
Eliminada la antigua ley
Con la ley publicada el 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, sus disposiciones se volvieron vigentes el mismo día y ha quedado eliminada la antigua ley de ciencia y tecnología aprobada en 2002 que «permitió articular y legitimar las políticas neoliberales» y «propició el abandono de la ciencia básica», según el resumen de la nueva ley hecho por el todavía Conacyt dirigido por María Elena Álvarez-Buylla.
Según el mismo documento, la antigua ley facilitó el corporativismo, sometió instituciones públicas al sector privado, fabricó redes de influencia que decidían qué proyectos científicos se apoyaban y distribuyó dinero público sin objetivos claros ni resultados concretos.
Polémicas
Las Fuerzas Armadas en la junta de Gobierno
La nueva junta de gobierno que decidirá la política científica y de innovación tecnológica en México será integrada por el Conahcyt y las secretarias de estado, incluyendo Semarnat, Relaciones Exteriores, Salud, Bienestar, Energía y Hacienda. En la junta también obtienen asiento y poder de voto Defensa Nacional y Marina.
Adiós a los fideicomisos desde dependencias y entidades
Uno de los puntos fuertes es que ni las dependencias de gobierno ni las entidades podrán crear fideicomisos o cualquier tipo de contrato contrario a las reglas de esta ley.
Y que en general los recursos serán entregados de manera directa en las materias humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras.
Condiciona entrega de becas con base al presupuesto
La entrega de becas desde el Consejo queda condicionada “conforme a la disponibilidad presupuestaria“, mediante los programas de universidades, instituciones de educación superior, dependencias y la Administración Pública Federal.
El Consejo se convierte en el titular de los derechos
En cuanto a los derechos de autor y propiedad industrial, todas las obras y productos que resulten de una investigación financiada con recursos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación deberán pasar al Estado.
La comunidad científica la rechaza
La ley es considerada como centralista, excluyente y retrógrada por la comunidad científica; investigadores anuncian que litigarán en los tribunales.
Además, cuestionan que haya sido aprobada en lo oscurito a las 2:55 de la madrugada del sábado la polémica Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en el Senado.
Con 48 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones se creó la ley que ha sido considerada por la comunidad científica del país como “centralista, excluyente y retrógrada”, porque concentra el poder en un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sustituirá al Conacyt, priorizará las becas a investigadores de universidades públicas y atentará contra la libertad de investigación.
El nuevo Conahcyt tiene un año para emitir reglas y normas administrativas para acatar la ley. En ese mismo período de tiempo los estados del país tienen que hacer modificaciones a sus leyes para armonizarlas respecto a la nueva ley de ciencia y tecnología.
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