El gobierno de la 4T concibe al Estado mexicano en su papel de promotor del desarrollo y, con éste, plantea el propósito de avanzar en el bienestar. Con ambos temas está conectada la política económica y su sentido frente a la pérdida grave del crecimiento nacional y el objetivo, marcado de manera enfática por el presidente López, de poner más relevancia al desarrollo.
En el actual debate, planteado en términos del modelo de país que estamos edificando como respuesta a la crisis de las soluciones de corte neoliberal mundial, la pregunta por la función esencial del Estado que debiera contribuir a recuperar la seguridad y confianza en las instituciones, así como a guiar la salida de la crisis actual convertida en estancamiento, es fundamental.
El corazón de esa interrogación está en la política social y en sus articulaciones con la política económica, pues todo Estado de bienestar se fragua en el entorno económico nacional e internacional y frente a los ciudadanos y sus demandas, así como en los retos de un empresariado organizado y en las inversiones necesarias que el crecimiento requiere.
Cuando se habla de política social se tocan tres temas amalgamados: i) la producción, prestación, administración y acceso a bienes y servicios públicos como salud, educación, alimentación, vivienda; ii) el empleo y las formas de remuneración tanto en la economía formal como en la informal; y iii) las políticas fiscales que intervienen en la generación y administración de los ingresos públicos y en la asignación del presupuesto gubernamental, en particular en las áreas que impactan los ámbitos sociales.
La primera vertiente tiene que ver con la calidad de gobierno y con la calidad de los bienes y servicios que ofrece, tanto federales como locales (estatales y municipales), en específico en aquellas materias que están vinculadas al bienestar. Aquí el reto está en la generación de valor público, la mejor organización institucional para elevar la productividad y la calidad de los bienes y servicios que llegan a la población pobre.
El segundo campo es el empleo y la generación y desarrollo de éste, así como la política salarial que apoye las mejores remuneraciones y en condiciones de mayor competitividad de acuerdo con la productividad. En principal problema y reto es la informalidad creciente (micronegocios y derechos laborales) y las medidas para fortalecer los salarios y que éstos recuperen aún más su capacidad de compra.
El tercer ámbito se encuentra circunscrito a la forma en que el gobierno gasta, en función de las fuentes que utiliza y de acuerdo con los arreglos políticos vigentes en el marco del federalismo fiscal. El problema central y el reto correspondiente es la pérdida de funcionalidad del actual sistema nacional de coordinación fiscal, el desgaste de sus fórmulas, tanto en materia de ingresos como de gasto, y la ineficacia de sus esquemas de decisión, los que han creado incentivos perversos que se han gestado a lo largo de décadas y que impiden a los gobiernos estatales y municipales operar frente a sus contribuyentes y beneficiarios con una mayor autonomía y más responsabilidad fiscal.
Planteado en términos concisos, estamos frente al triple reto que implica combinar las políticas orientadas a la producción y prestación de bienes y servicios sociales (en toda la república federal, desde el centro del país hasta las últimas localidades), la gestión de los mercados de trabajo y la economía formal e informal, y la vinculación de la política fiscal con sus expresiones territoriales (inequidad regional) y facultades y responsabilidades y de ingreso y gasto (federalismo fiscal) en materia social.
Salir del estancamiento es la prioridad fundamental. Detener la violencia y combatir el crimen y la delincuencia en todas sus expresiones es la tarea estratégica inmediata. Impulsar una agresiva y activa política social es el programa de fondo, es la marca de este gobierno, es el sello de una nueva forma de hacer política.
Ojalá se avance de manera contundente y con resultados tangibles en estos ámbitos, pues de ello dependen las iniciativas de individuos y grupos y la cohesión social necesaria para hacerlo en una contexto de unidad nacional: tal es la oportunidad que tiene el presidente López Obrador.
