Uno de los problemas fundamentales del país es la informalidad, en cuya vigencia se combinan diversos elementos que la convierten en un fenómeno multifactorial, pues no sólo se trata de unidades económicas no registradas que no pagan impuestos y que operan con baja productividad, escaso capital y empleo de calidad dudosa, sino de personas que laboran sin disfrutar de seguridad social ni recibir servicios básicos como la salud.
A este respecto, el INEGI dio a conocer (16 de diciembre de 2019) algunos datos interesantes acerca de este problema para 2018, los cuales están basados en el enfoque de la ocupación y que comprende las modalidades asociadas al micronegocio urbano no registrado ante la autoridad tributaria (sector informal) y las formas de trabajo utilizadas por unidades económicas formales que no dan acceso a la seguridad social a las personas que emplean (formas contabilizadas en el rubro otras modalidades de la informalidad). Así, la economía informal comprende al sector informal (unidades económica sin registros) y las personas que laboran sin recibir protección ni seguridad.
Según esta clasificación y con datos del INEGI para el periodo 2003-2018, la contribución porcentual del valor agregado bruto de la economía informal en el PIB entre esos años fue en promedio 23.2%. En el mismo periodo se registra un punto de inflexión en 2009 cuando alcanza una contribución de 24.4% hasta registrar una menor participación de 22.5% en 2018.
El aumento de esta contribución en 2009 puede explicarse como resultado de la crisis de ese año, lo que significa que las personas se refugiaron en esta variante de empleo en momentos de emergencia económica a fin de llevar el sustento a sus familias.
Para 2018 el 22.5% del PIB fue generado por la economía informal en la que se encuentra el 56.7% de la población ocupada en condiciones de informalidad. Como contraparte, el 77.5% del PIB lo generó el sector formal con el 43.3% de la población ocupada formal. Los anteriores números quieren decir que de cada 100 pesos que se generaron en 2018 en México del PIB, 78 provinieron del 43% de ocupados formales, en tanto que 22 se generaron por el 57% de ocupados en informalidad.
Del citado 22.5% que conforma la economía informal en 2018, 11.1% (o sea el 49.3% del total) corresponde al sector informal (unidades económicas no registradas dedicadas a la producción de bienes o servicios). El restante 11.4% (50.7% del total) corresponde a las otras modalidades de la informalidad (trabajadores que aunque laboran para para unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no cuenta con el amparo del marco legal e institucional, como seguridad social, prestaciones sociales).
En 2018 el PIB registró un aumento de 2.1%, el cual puede ser explicado por las variaciones de la economía informal y formal. Así, la economía formal mostró una variación positiva de 2.2% y la informal de 2.0%.
Entre el sector informal y las otras modalidades de la informalidad que integran a la economía informal, existen dinámicas distintas en términos de empleo. La variación en el empleo del rubro de otras modalidades aumentó 1.3% en 2018, mientras que la variación sector informal aumentó 2.7%.
Estos datos pueden comprenderse si se considera que el sector informal está expuesto directamente a las fluctuaciones económicas, por lo que en situaciones de estabilidad y variaciones positivas del PIB las otras modalidades tendrán variaciones positivas menores que las del sector informal. Pero cuando hay crisis, como se ha constatado en México, el las otras modalidades se incrementan más que el sector informal.
Atender este problema es un reto para el gobierno de la 4T, pues plantea no sólo formalizar a los informales mediante políticas fiscales adecuadas y medidas que permitan atemperar los costos de la formalidad, sino poner en marcha políticas en rubros como el impulso en la creación de empleo, la mejoría de la calidad de éstos, mejores salarios y sus implicaciones en términos de productividad y eficiencia.
