Porque en Puebla la política también tiene tacones… y a las mujeres, a veces, les cobran hasta por caminar con ellos.
Hay que decirlo sin rodeos, porque luego en Puebla nos hacemos los que la Virgen nos habla: una cosa es cuestionar a una presidenta municipal y otra muy distinta es olvidar que todavía vivimos en una política profundamente machista.
El caso de Lupita Bárcenas, presidenta municipal de Acatlán de Osorio, merece ser observado con lupa, pero también con perspectiva de género.
No para convertirla en santa —¡faltaba más!—, ni para descalificar automáticamente a quienes la cuestionan. La política debe estar bajo escrutinio y cualquier señalamiento tiene que investigarse conforme a la ley.
Pero tampoco podemos fingir que las mujeres llegan al poder en las mismas condiciones que los hombres.
Porque no.
Lupita Bárcenas llegó a la presidencia municipal y terminó enfrentando una crisis política que escaló hasta el Congreso de Puebla.
En septiembre, ella y ocho integrantes del Cabildo presentaron su renuncia, en medio del conflicto que desde hace meses mantiene al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio en una situación de confrontación e ingobernabilidad. El Congreso deberá continuar con el procedimiento institucional correspondiente.
Pero aquí viene la pregunta incómoda:
Y mientras tanto… ¿qué pasa con los otros?
Aquí viene otro detalle que debería llamar la atención de la clase política poblana.
Mientras el caso de Lupita Bárcenas ocupa reflectores, Puebla acumula una lista bastante más escandalosa de presidentes municipales que han sido detenidos, separados del cargo o permanecen prófugos.
En 2025 y 2026 fueron detenidos presidentes municipales como Uruviel González Vieyra, Giovanni González Vieyra y Ramiro González Vieyra, de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente.
También fueron detenidos Gerardo Cortés Caballero, de Cuautempan; Juan Pérez Moral, de San Juan Tianguismanalco; Said de Jesús Godos Luna, de Tepeyahualco; y recientemente Isaac Rodríguez Ochoa, de Esperanza. El caso de Alfredo Ramírez Hernández, de Ahuazotepec, permanece asociado a una orden de aprehensión y a su condición de prófugo, de acuerdo con reportes periodísticos.
Y aquí está el punto: son casos de enorme gravedad.
Hay investigaciones por delitos como extorsión, secuestro, delincuencia organizada, abuso de autoridad, cohecho, delitos contra la salud y otros ilícitos.
Sin embargo, pareciera que la lupa política tiene diferentes aumentos.
¿Será que una mujer incomoda más?
Puebla necesita mujeres en el poder, no mujeres decorativas ¿Cómo tratamos a las mujeres que ejercen el poder?
Porque sí, hay que cuestionarlas.
Hay que fiscalizarlas.
Hay que exigirles resultados.
Pero también hay que dejar de exigirles que sean extraordinarias simplemente para obtener el mismo respeto que históricamente se le concede a un hombre por sentarse en la misma silla.
Y quizá ése sea el verdadero reto: que una mujer pueda llegar al poder sin tener que demostrar que merece estar ahí cada santo día.
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