La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa una crisis sin precedentes: al menos 15 planteles han suspendido actividades presenciales y ocho migraron a la modalidad virtual tras amenazas de bomba y de agresión que circulan en redes sociales y dentro de los campus.
El origen de esta ola de temor se encuentra en el asesinato de un estudiante dentro del CCH Sur, ocurrido el pasado 22 de septiembre.
El crimen que desató el miedo
Ese día, alrededor del mediodía, Lex Ashton “N”, estudiante de 19 años, ingresó al CCH Sur encapuchado y armado con un cuchillo. Atacó a Jesús Israel “N”, de 16 años, en el estacionamiento del plantel, provocándole heridas mortales en el cuello. Un trabajador que intentó auxiliar también resultó lesionado. Tras el ataque, el agresor trató de huir y finalmente se lanzó de un edificio del propio campus, sufriendo fracturas en ambas piernas. Desde entonces permanece bajo custodia en un hospital.
Las investigaciones revelaron que Ashton planeaba asesinar a seis alumnos “elegidos al azar”. Según su declaración, el ataque no tenía relación personal con la víctima. Explicó que desde años atrás había desarrollado ideas homicidas, vinculadas al bullying que aseguró haber sufrido y a problemas emocionales que arrastraba desde la infancia.
El entorno familiar del agresor también fue señalado como un factor de riesgo: su padre, diagnosticado con trastorno bipolar, abandonó el hogar cuando él tenía siete años, y su hermana había enfrentado episodios de depresión. El propio Ashton recibió atención psicológica en la UNAM en 2024 por síntomas depresivos, pero su estado se agravó meses después.
Paralelamente, publicaciones en redes sociales mostraron que participaba en foros digitales de odio e influencias ligadas al movimiento incel. En mensajes recientes exhibió armas blancas, máscaras y frases cargadas de resentimiento, entre ellas: “Nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer… voy a retribuir y todos lo van a ver en las noticias”.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas, mientras la UNAM creó una subcomisión especial para revisar protocolos de seguridad en el bachillerato universitario.
La reacción en los planteles
Tras el asesinato, comenzaron a circular amenazas de bomba y mensajes intimidatorios en correos, redes y sanitarios de facultades. Aunque la Fiscalía identificó a dos responsables de perfiles falsos que confesaron haberlo hecho “para presionar por más seguridad”, el clima de miedo ya estaba extendido.
A partir de ello, diversas facultades decidieron suspender clases presenciales. Economía, Derecho, Química, Contaduría y Administración, Veterinaria, Psicología, la FES Zaragoza y los CCH Naucalpan y Vallejo migraron a la modalidad virtual. En tanto, Arquitectura, Odontología y Medicina decretaron paro total —los dos primeros hasta el 3 y 4 de octubre, mientras que Medicina lo hizo de manera indefinida.
En total, 10 facultades mantienen paro completo y ocho más realizan clases a distancia, además de los cinco CCH. Incluso la Preparatoria 8, en Álvaro Obregón, fue desalojada tras un falso aviso de bomba.
Seguridad y salud mental, prioridades de la UNAM
Desde Rectoría se instruyó a cada plantel a dialogar con su comunidad para decidir en conjunto si mantener actividades en línea o suspenderlas. Arturo Ruiz Ruisánchez, coordinador de Análisis y Concertación, señaló que lo más importante es la salud mental de los alumnos:
“Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para disminuir las probabilidades al máximo, con énfasis en la seguridad y en la salud mental de nuestra comunidad”.
La UNAM presentó denuncias por cada amenaza recibida y reforzó medidas de vigilancia, aunque reconoció que ningún protocolo es totalmente efectivo. En la Gaceta Universitaria, además, advirtió sobre la circulación de noticias falsas y la importancia de no difundir rumores.
Apoyo federal y campaña de prevención
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, mantiene comunicación constante con el rector Leonardo Lomelí para apoyar en seguridad. El Gabinete de Seguridad brindará respaldo en asuntos criminales dentro de los planteles y se anunció una campaña nacional de salud mental en escuelas públicas.
“Hay algunos planteles que cerrarán como protección y otros por decisión de los estudiantes”, puntualizó la mandataria.
Más allá de la coyuntura: causas estructurales
El asesinato en el CCH Sur y la ola de amenazas que le siguieron evidencian vulnerabilidades en la atención a la salud mental juvenil, los controles de acceso en escuelas y la influencia de discursos violentos en internet. Para especialistas, el caso muestra cómo factores como el bullying, la ruptura familiar, el aislamiento social y la radicalización digital pueden desembocar en tragedias si no se atienden a tiempo.
