Mujeres integrantes del Frente Poblano Contra Deudores Alimentarios han denunciado la existencia de más de mil casos en el estado donde mujeres enfrentan demandas contra padres renuentes a cumplir con las pensiones correspondientes.
La portavoz del frente, Diana González, destacó que tienen conocimiento de otras mil 500 mujeres que enfrentan casos de violencia de género e institucional. Al mismo tiempo, compartió su propia experiencia, la cual la motivó a ser una de las fundadoras del frente.
González, quien se ató al asta bandera al interior de Ciudad Judicial como protesta para exigir la sentencia sobre la patria potestad de su hija de 11 años, reveló que su exesposo propuso una pensión de 30 pesos para la hija que comparten, alegando que sólo percibe el salario mínimo en la empresa donde trabaja, afirmación que cuestionó al mencionar que él cuenta incluso con una maestría.
Además de la violencia económica, el deudor ha ejercido violencia vicaria, ya que la hija ha sido víctima de la familia de su exesposo durante las visitas impuestas por el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam).
González también denunció que el Cecofam ha generado violencia contra los niños, al imponer terceras personas en las visitas, situación que agrava la indefensión de los menores.
«No es la ley, la ley está bien; son los ejecutores los que están haciendo mal su trabajo», afirmó González, señalando que los juicios para las madres que demandan son prolongados, complicados y agotan los escasos recursos que tienen las madres solteras.
González está esperando la sentencia desde el 2021 y expresó su indignación: «Salimos de una violencia familiar, para entrar a una institucional donde nos revictimizan hay sentencias que tardan años».
Norma Jaramillo Galicia, parte de la mesa directiva del frente, confesó que los jueces no aplican una perspectiva de género y buscan que los casos se resuelvan conforme a la ley.
También reveló que algunas mujeres sufren violencia desde la gestación, ya que la prueba de ADN para comprobar la legitimidad de un hijo cuesta al menos 20 mil pesos, sumándose a los gastos de parto y cuidado del nuevo ser.
Jaramillo lamentó que las manifestaciones hayan generado vergüenza entre los padres deudores, pero señaló que muchos han tomado represalias, llegando incluso a agredir a las mujeres como venganza.
Este lunes, el Frente Poblano Contra Deudores Alimentarios se manifestó en la asta bandera de Ciudad Judicial, desplegando un tendedero de denuncias y llevando a cabo actos simbólicos para exigir justicia por parte de las autoridades.
Ayer por la noche, el Frente Poblano Contra Deudores Alimentarios compartió que:
Después de 8 horas de pedir hablar con la Magistrada Belinda Aguilar nos trasladamos a las inmediaciones de su oficina y su personal cercano nos ayudaron a qué se diera una reunión. La magistrada se comprometió con el frente Poblano De Mujeres Contra Deudores Alimentarios a revisar cada una de nuestras peticiones, y a hacer un minucioso chequeo de expedientes de todas las compañeras integrantes de la Asociación Civil. Dándonos apertura a dejarle expedientes concretos y omisiones, y teniendo una revisión cada dos meses para saber cómo va cada uno de los casos. Agradecernos la sororidad y empatía.
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