Digna Ochoa defensora de Derechos Humanos

Digna Ochoa defensora de Derechos Humanos, fue una incansable activista, que nació en Misantla, Veracruz el 15 de mayo de 1964, perseguida durante toda su carrera y asesinada en la Ciudad de México el 19 de octubre de 2001.

De profesión abogada y religiosa Dominica, fue integrante del Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» (Prodh). Su Asesinato indignó a los activistas y a la comunidad internacional al haber sido declarado suicidio y a 20 años de él aún no ha sido esclarecido.

Su formación

En 1988, en ese entonces ya realizaba activismo siendo relacionada con grupos opositores al gobierno y habiendo declarado a su familia que había visto una lista de activistas políticos en la oficina de su jefe, fue secuestrada en Xalapa.

Estudió en la Facultad de Derecho en Xalapa, Veracruz en 1984 y empezó a trabajar a tiempo parcial en la oficina del Procurador General de Veracruz en 1986.

Ochoa declaró que sus secuestradores fueron oficiales de policía estatales y que fue violada. Nunca hubo ninguna investigación sobre sus declaraciones.

En 1991 entró en el convento dominicano de la Palabra Encarnada donde estudió hasta 1999, pero siempre mantuvo su activismo.

En 1996 Amnistía Internacional alerta sobre las amenazas de muerte dirigidas contra Digna Ochoa y la también abogada Pilar Noriega, a quienes buscaban intimidar por su participación en la defensa de zapatistas considerados prisioneros de conciencia.

Digna Ochoa fue secuestrada en su domicilio en 1999 y declaró haber sido interrogada sobre sus actividades en el Centro de Derechos Humanos, respecto a la defensa de presos de conciencia y sobre casas de seguridad de los movimientos armados en México.

La persecución

El 17 de noviembre de ese año la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena medidas provisionales para proteger la vida y la integridad física de Digna Ochoa y demás miembros del Prodh.

Debido a que las amenazas nunca cesaron y al sentir que las autoridades mexicanas no cumplían con las medidas de protección, en 2000 obtuvo una beca de la Fundación McArthur y se traslada a los Estados Unidos.

En 2001 decide regresar a México y junto con Pilar Noriega se encarga del caso de los hermanos Cerezo Contreras, estudiantes universitarios detenidos en ese año, acusados de detonar bombas en sucursales de Banamex de la Ciudad de México.

También se ocupa del caso de campesinos ecologistas presos en Guerrero.

Digna Ochoa

Casos de alto riesgo

En los ochenta, Digna Ochoa litiga los casos penales más delicados en los que están involucrados el ejército y los servicios de seguridad pública.

También lleva los casos de los presuntos zapatistas de Yanga, Veracruz y el Estado de México (1995), además de los de Aguas Blancas y el Charco (1995), en Guerrero; Acteal, en Chiapas (1997) y el de los ecologistas guerrerenses presos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Su muerte

El 19 de octubre de 2001 murió de manera violenta en su despacho de la calle Zacatecas, en la colonia Roma.

Si bien los primeros dictámenes coincidían en que su muerte fue un homicidio, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal difundió una compleja tesis de suicidio, se descartó continuar la investigación para dar con los responsables y se dio por cerrado el caso.

La polémica

Debido a las inconsistencias y a petición de sus familiares su cadáver fue exhumado 2005 y la investigación sobre su muerte fue reabierta, ya que consideraban improbable que se tratara de un suicidio.

Algunas investigaciones periodísticas afirmaban que tras la muerte de Digna Ochoa se encuentran caciques y militares afectados por el activismo de los presos a los cuales la abogada defendía.

A pesar de que en 2007 un campesino de la sierra de Petatlán, Guerrero da a conocer información que señalaba al ganadero y ex presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada, no fue tomado en cuenta.

En noviembre de 2010, la Procuraduría General de Justicia del DF concluyó que no fue asesinada sino que ella misma se quitó la vida.

A solicitud de un amparo que obtuvo la familia Ochoa es que el Ministerio Público volvió a revisar el caso pero, según el procurador Miguel Ángel Mancera, se concluyó que fue un suicidio nuevamente.

Al día de hoy sigue siendo un caso que abre las heridas de la persecución e impunidad que existe en cuanto a las amenazas y ataques a luchadores sociales en el país.

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