Admistía Internacional reporta desde 1980 seguían abiertos 44 mil 159 casos en 91 estados, hasta el 2017
La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Por lo que en su mensaje el Secretario General de la ONU António Guterres, «Exhorto a los Estados a que hagan más para prevenir las desapariciones forzadas y llevar ante la justicia a los responsables. Con este fin, insto a los países a que cooperen plenamente con los mecanismos de las Naciones Unidas. Insto también a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que firmen o ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, o se adhieran a ella».
Así el día Internacional del Detenido Desaparecido se instauró por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam). Debido a que la tortura, el terror, la muerte, conforma las características principales de los secuestros. El cautiverio prolongado genera desesperación e inseguridad en toda la sociedad.
El secuestro ha sido utilizado como estrategia tanto por grupos terroristas como por los propios estados. Es por ello que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los Derechos Humanos y libertades fundamentales.
La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera, no se limita, ya que se ha convertido en un problema mundial.Así las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
Por todo esto es motivo de preocupación: el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.
Además el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.Por ello el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209 expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.
Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.
El año pasado Amnistía Internacional lanzó la campaña “Nada es igual si alguien desaparece”.Que dio cuenta de lo que supone la ausencia de los desaparecidos, la organización defensora de los derechos humanos ha recurrido a series de ficción para preguntarse qué ocurriría si desapareciera alguno de sus personajes más emblemáticos.
¿Qué sería de los Simpsons sin Marge, o del Juego de Tronos sin Tyrion Lannister?. Son las preguntas que hace Amnistía Internacional (AI) en su campaña, en la que borra estos personajes de los carteles de las series para tratar de ilustrar lo que es una desaparición forzada.
“Con esta campaña queremos recordar que la desaparición forzada no es un hecho puntual, la desaparición forzada en la medida en que no hay una respuesta para las familias se prolonga en el tiempo de manera permanente hasta que no se sepa qué pasó con sus seres queridos”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
La ONG subrayó que el daño causado por las desapariciones se prolonga en el tiempo y afecta a las familias. Las familiares de las víctimas serán sometidos a una lenta y prolongada angustia psicológica, pueden ser extorsionados a cambio de información, o pueden ser amenazados por seguir buscando la verdad.
Todo esto sin contar con los efectos económicos en algunas de estas familias «pueden ser muy negativos», ya que la legislación de numerosos países obliga a presentar un certificado de defunción para optar a ayudas. Con la desaparición forzada, las personas desaparecen literalmente de entre sus seres queridos y de su comunidad, cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) los detienen en la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir, dónde se encuentran.
Es un delito de derecho internacional. Muchas de estas personas nunca son puestas en libertad y no llega a conocerse qué ocurrió con ellas, señaló la organización.
Amnistía Internacional quiere poner el foco en la desaparición forzada de personas en países como España o Siria. Pero la organización trabaja por cientos de casos de personas desaparecidas en todas las regiones del mundo.
Según los últimos datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas de junio de 2016, desde 1980 siguen abiertos 44 mil 159 casos en 91 estados.
En Siria han desaparecido 75 mil personas entre 2011 y 2016, según datos de la Red Siria de Derechos Humanos. A esta cifra hay que sumar otras tres mil 157 personas sólo en los primeros seis meses de 2017.
Amnistía Internacional criticó a España porque «se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo».
De los más de 114 mil crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.
Al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado que España «ni investiga ni deja investigar» estos crímenes, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que en 2013 se mostró «especialmente preocupado por el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso» para esclarecerlos y juzgarlos.
Tampoco ha colaborado con la justicia argentina, que investiga la querella que interpusieron en 2010 las víctimas del franquismo, rechazando hasta en dos ocasiones extraditar a los procesados a Argentina e impidiendo que la jueza de aquel país María Servini de Cubría interrogase a los 19 acusados, además de víctimas y testigos.
Como parte de sus acciones, AI puso en marcha una recogida de firmas, que ya suma 189 mil, para recordar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, cómo los casos de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo siguen estando vigentes en la actualidad.
La Convención Internacional para la protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido firmada por 96 países y ratificada por 57.
Con información de ONU Noticias, Excelsior
