Siempre las cosas pueden resultar peores. Pocos ámbitos del desempeño gubernamental escapan a esa situación. Al mismo tiempo, toda autoridad procura convencer a la opinión pública de que sus resultados responden a las expectativas ciudadanas.
De ahí surge una tensión permanente entre los hechos, es decir, la realidad, y la narrativa construida por el régimen sobre su propio desempeño. La distancia entre ambas se amplía cuando predominan los malos resultados.
Una de las fórmulas para enfrentar esa realidad consiste en recurrir a cifras oficiales que respalden la narrativa del éxito, como ocurre con la disminución de los delitos de alto impacto y de los homicidios. El gobierno celebra esos datos, pero persiste una fundada reserva social, reflejada en indicadores —también oficiales— sobre la percepción de inseguridad. Los avances en un rubro no se reflejan en el otro. Más aún, existen datos que deliberadamente se omiten, como el incremento de las personas desaparecidas o de los homicidios reclasificados. A ello se suma la dificultad para medir con precisión delitos que afectan a amplios sectores de la población, como la extorsión.
En ese mismo contexto se encuentran los efectos de la devastación del sistema de justicia y el predominio de la impunidad. Cada vez resulta más difícil para las autoridades justificar la ausencia de justicia, precisamente como consecuencia de la reforma que el régimen político impulsó. Igual de preocupante es la protección otorgada a funcionarios y políticos de alto nivel presuntamente vinculados con el crimen organizado, así como la complaciente respuesta del gobierno frente a las exigencias de Estados Unidos para actuar en su contra.
En materia de bienestar, el gobierno presenta como prueba de un éxito histórico el incremento de los salarios y el efecto para disminuir la pobreza de los programas sociales mediante transferencias directas. Sin embargo, conforme la corrupción se hace más visible y la violencia aumenta al amparo de la impunidad, el régimen recurre a esos indicadores para sostener su legitimidad. Las cifras del empleo deben tomarse con cautela por la forma en que se contabilizan, particularmente debido al peso de los empleos temporales y la economía informal. Es cierto que han aumentado los salarios y los ingresos de una parte de la población, pero se omite el deterioro de componentes esenciales del bienestar como la salud, la educación, el medio ambiente, la calidad de los servicios públicos y la infraestructura social. Buena parte de esos avances fue posible gracias al ahorro acumulado durante años anteriores; hoy queda al descubierto la incapacidad de mantener esa ruta sin crecimiento económico.
Recientemente, el gobierno informó sobre los resultados de la negociación del acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos. Como era previsible, Washington optó por mantener el acuerdo en un esquema de diez años bajo revisión anual. Se trata de una mala noticia que el gobierno intenta presentar como un resultado favorable.
Desde luego, el desenlace pudo haber sido considerablemente peor, sobre todo por la postura del gobierno estadounidense respecto del déficit comercial y su política arancelaria. Aunque el acuerdo mantiene una vigencia de diez años, la revisión anual introduce un constante factor de incertidumbre. No es novedad y los mercados reaccionaron con relativa calma. Sin embargo, esa incertidumbre reduce las perspectivas de crecimiento y bienestar para el país. Se suma, asimismo, la fragilidad de las finanzas públicas, que amenaza el financiamiento de los programas sociales y podría obligar a un nuevo incremento de la deuda pública, como fue a partir de 2024. El modelo financiero difícilmente podrá sostenerse sin mayores ingresos, lo que plantea una reforma fiscal ante la falta de crecimiento económico.
Buena parte de los problemas que enfrenta el país tiene solución, pero exige cambio de rumbo. Un ejercicio de autocrítica permitiría reconocer que el modelo actual difícilmente podrá mantenerse por mucho tiempo. Lo más grave es el deterioro institucional, que ha debilitado la certeza jurídica y fortalecido la impunidad, como evidencia el prácticamente inexistente sistema de justicia, al igual que la deplorable calidad del gobierno.
Muchos consideran que el punto de inflexión llegará con la elección de 2027. Sin embargo, el panorama es complejo e incierto en prácticamente todos los frentes. Aunque falta menos de un año para ese proceso, las amenazas actuales pueden modificar no sólo las preferencias electorales, sino, además, las condiciones necesarias para que las elecciones se desarrollen con normalidad.
