La imposición y extracción velada de proyectos con fines de explotación privada como el agua y la la tierra en diferentes partes del país, continúa más vigente que nunca.
En los últimos meses las organizaciones y los activistas en defensa del agua y de la tierra, además de grupos campesinos advierten sobre diversas acciones que se llevan a cabo en el territorio mexicano para continuar con la explotación y saqueo de los recursos naturales.
Por lo anterior dichos movimientos han reactivado sus acciones alzando la voz en protesta y demandan acciones contundentes de parte del gobierno de izquierda que hoy nos rige en el país.
Estados como Puebla, Veracruz y Oaxaca, comparten problemáticas de despojo e imposición de mega-proyectos neoextractivistas, donde los que activistas han sido asesinados y reprimidos por defender su territorio.
La legítima demanda es: “No podemos tener 4T con el neoliberalismo en el campo, no se puede”
Hace un par de días a través de CNI (Congreso Nacional Indígena) MAIZ (Movimiento Agrario Indígena Zapatista) se dieron cita en la comunidad los Reyes Metzontla para llevar cabo el Tercer Foro Regional por la Defensa de la Vida y los Territorios.
Ahí organizaciones, colectivos y pueblos señalaron que hubo amenazas en contra mujeres de la comunidad indígena ngiva, quienes serían las anfitrionas del encuentro, provenientes de intereses mineros, prestanombres y beneficiarios de concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía.
La operación de minas está vigente
En el comunicado del Congreso Nacional se mencionan tres concesiones vigentes sobre el territorio ngiva y mixteco, con más de 670 hectáreas autorizadas para la extracción de minerales como hierro, silicio y manganeso.
Estas actividades se realizan sin permisos ambientales, lo cual ha sido reconocido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en reuniones con autoridades agrarias de la región, refieren.
Así mismo señala el documento: “denunciamos la complicidad de las autoridades locales de Reyes Metzontla, en particular la regidora de gobernación Seime Juárez Hernández y del comisariado de bienes ejidales Claudio Flores Balderas, quienes han actuado como operadores políticos de la minera y amenazado abiertamente con no garantizar la seguridad e integridad de quienes asistieron al foro”.
“Las autoridades ambientales son cómplices de la destrucción, del saqueo y del robo que una minera alemana ha estado haciendo, ya que no cuenta con ningún permiso, saben que están extrayendo ilegalmente cientos de toneladas de minerales —entre ellos hierro, silicio y manganeso— de los cerros del territorio Ngiwa, acumulando ganancias millonarias a costa de la contaminación y las autoridades en materia ambiental permanecen en silencio”, advierten.
También denunciaron “al supuesto asesor de los pueblos Ngiwa, Rolando Aguilar, vinculado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al ministro presidente de la SCJN Hugo Aguilar, quien actúa como operador político de la minera, promoviendo el “Plan de justicia”.
Rolando ha llevado a cabo reuniones a puerta cerrada con autoridades para buscar acuerdos ilegítimos con las mineras bajo la figura de “concesiones comunitarias”, con el fin de legitimar el despojo y dividir a las comunidades”.
En tanto, Xoxtla, Nealtican, San Gabriel Chilac y Puebla, entre otros municipios, continúan su lucha para que se desprivatice el cobro de agua para uso doméstico.
Mantiene un espíritu neoliberal, la propuesta de ley de aguas de CONAGUA
A su vez, a través de un comunicado, las 82 organizaciones que forman parte de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, expresaron su preocupación por la iniciativa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en torno a la Ley de Aguas Nacionales y una nueva Ley General de Aguas presentado hace un par de días a la LXVI Legislatura.
Advierten que el proyecto de la Conagua conserva los mecanismos que han generado el sobreconcesionamiento, acaparamiento, privatización y contaminación de nuestras aguas nacionales.
En particular estos aspectos de la ley salinista quedan intactos, o hasta reforzados: Propone mantener la privatización de grandes obras hidráulicas y de sistemas municipales, bajo los mismos términos que han generado las concesiones leoninas de la planta de tratamiento de Atotonilco y de los sistemas de agua de Puebla, Quintana Roo, Saltillo y el puerto de Veracruz.
La “participación” sería a través de los “Consejos de Cuenca”, formados en los 1990s, donde solo los gobiernos y los grandes concesionarios tienen voz y voto.
Se mantendrá el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y el mercadeo del agua: A través de una nueva figura llamada “la reasignación”, un “derecho” del concesionario, la compra y venta de concesiones en cuencas y acuíferos deficitarios ahora requerirá de la autorización de la Conagua, sin priorizar el derecho humano al agua y sin transparencia. El “Fondo de Reservas de Agua” reemplazará los “Bancos del Agua,” y servirá como el espacio para conectar a los intereses que buscan comprar derechos con los potenciales vendedores, principalmente ejidos y comunidades.
Se extendería el período durante el cual los concesionarios podrán mantener sus volúmenes sin ocuparlos, de los dos años actualmente, a seis años.
Propone mantener el sistema autorregulado de pago de “derechos por contaminar” que ha envenenado las aguas del país, entre otros aspectos.
X @marumora7
