La crítica hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha intensificado notablemente y se ha orientado ya, entre otros aspectos, a cuestionar la capacidad personal y gubernamental para sentar las bases de una nueva etapa de desarrollo, bajo el modelo denominado “cuarta transformación”.
No sólo su estilo de gobernar se erosiona rápidamente, como puede constatarse por ejemplo en las ruedas de prensa matutinas del presidente que han perdido la inicial eficacia comunicativa y han entrado, incluso, en serios problemas de ineficiencia técnica, a los que se han respondido con mentiras, datos falsos, lugares comunes, descalificaciones y acusaciones. También aumenta la desesperación y frustración presidencial ante una realidad que lo deja mal parado, no sólo a él sino a su gabinete sometido a los caprichos y designios populistas de su jefe.
Las organizaciones internacionales, el Banco de México y la propia Secretaría de Hacienda han revisado a la baja sus expectativas de crecimiento del país. Ya en los Criterios Generales de Política Económica 2019, el equipo de Carlos Urzúa estimaba que el crecimiento “inercial” del Producto Interno Bruto (PIB) durante la administración de Andrés Manuel López, podría ser en promedio anual de 2.68%, menor al del periodo de Enrique Peña Nieto que sería de 2.71%.
Según las proyecciones elaboradas por el FMI, presentadas en el reciente World Economic Outlook, sugieren que la tasa de crecimiento promedio anual del actual sexenio será de 2.5%, que sería menor al 2.6% o 2.7% observado en el periodo del expresidente EPN. Según datos del organismo, en el primer año de AMLO se crecería 1.6%, pero en los dos últimos años de su mandato aumentaría a 2.7%. No obstante, el FMI no prevé que en ningún año del actual mandatario se logre crecer siquiera a una tasa de 3%.
Varios analistas económicos coinciden en señalar que el reto del presidente López es hacer que crezcamos por encima del 3%, pero para hacerlo se requiere de manera fundamental del aumento sostenido de la inversión productiva (y no de los programas “sociales”, que no obstante podrían en menor medida contribuir al aumento del consumo interno) tanto privada como pública, como resultado de un intenso proceso de gestión de la gobernanza que pueda edificarse en torno a un proyecto común, que aún no se tiene y que se está en su construcción.
Nuestra economía está asentada en el consumo como factor dominante en la contribución al PIB. En 2018 el consumo privado representó el 49% de la economía mexicana. El consumo público constituyó el 8%, el 26% se explica por las exportaciones. Desde 2015 la inversión privada no ha crecido en términos reales y aún el presidente López no logra la entera confianza del sector empresarial en su “cuarta transformación”, por lo que en el corto plazo no se observa un incremento de ésta.
Según datos de la Secretaría de Hacienda el gasto de inversión pública del 2006 al 2012 ascendía a 4.03% del PIB, en tanto que hoy es cercano al 2.64% del PIB, una severa caída de -34.4%.
Se presenta una falta de crecimiento en la inversión privada y la caída en la pública, lo que ocasiona un escaso crecimiento y la perspectiva de un ritmo lento en los próximos años. Pero además, lo más importante, con esta tendencia se vulnera nuestra capacidad de crecer en el futuro de manera sustancial y sostenible.
La conclusión es que para estar en mejores condiciones de crecer, se requieren inversiones calculadas en alrededor de 80 mil millones de dólares adicionales (el 6% del PIB de inversiones tanto públicas como privadas) para una meta de crecimiento superior al 3%. Tal es el reto gubernamental que requiere de capacidad, inteligencia, gestión de gobernanza que active los vínculos privados y públicos, así como imaginación creativa basada en una nueva confianza, elementos que en este instante no aparecen entre los activos del gobierno ni en el poder presidencial.
