Aunque la mayoría de los países de América Latina han abolido la pena de muerte, todavía existen naciones cuyas legislaciones la mantienen para determinados delitos. Sin embargo, en algunos casos su aplicación está limitada a circunstancias excepcionales y no se utiliza para delitos comunes.
De acuerdo con la clasificación de Amnistía Internacional, actualizada con información correspondiente al cierre de 2025, Cuba y Guyana mantienen la pena de muerte para delitos comunes, mientras que Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Perú la conservan únicamente para determinados delitos excepcionales.
Cuba y Guyana: todavía contemplada para delitos comunes
Cuba es uno de los países latinoamericanos donde la pena capital continúa contemplada en la legislación para delitos comunes. Amnistía Internacional clasifica al país como retencionista, es decir, mantiene legalmente la pena de muerte.
En el caso de Guyana, la pena de muerte también permanece en la legislación para delitos comunes. Aunque el país no ha realizado ejecuciones desde 1997, continúa teniendo personas condenadas a muerte. La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte reportó 25 personas bajo sentencia de muerte al 1 de octubre de 2026.
Países donde solo permanece para casos excepcionales
En otros países latinoamericanos, la situación es diferente. Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Perú han eliminado la pena de muerte para los delitos comunes, pero sus legislaciones todavía contemplan su utilización en determinadas circunstancias excepcionales.
En Brasil, por ejemplo, la pena capital está limitada constitucionalmente a determinados delitos cometidos durante una guerra declarada. En Chile, permanece para ciertos delitos graves previstos en la legislación militar.
Guatemala también conserva la pena de muerte en su legislación, pero únicamente para delitos excepcionales, como algunos cometidos en circunstancias de guerra. Amnistía Internacional lo clasifica como un país abolicionista para los delitos comunes.
En El Salvador y Perú, la pena capital también permanece limitada a determinados delitos excepcionales, de acuerdo con la clasificación internacional vigente.
Una región que se ha alejado de la pena capital
La situación latinoamericana contrasta con otras regiones del mundo. Al finalizar 2025, 113 países habían abolido completamente la pena de muerte, mientras que otros 32 la habían eliminado para los delitos comunes o dejado de aplicarla en la práctica. En total, más de dos terceras partes de los países del mundo habían avanzado hacia su abolición legal o práctica.
En América Latina, países como México, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana, entre otros, ya han eliminado la pena de muerte para todos los delitos.
La diferencia entre abolir la pena de muerte y mantenerla únicamente en la legislación para situaciones excepcionales es clave para entender el panorama actual de la región. Que una ley contemple la pena capital no significa necesariamente que existan ejecuciones o que pueda utilizarse para cualquier delito.
Actualmente, América Latina se encuentra entre las regiones con mayor avance hacia la abolición de la pena de muerte, aunque algunos países todavía mantienen disposiciones que permiten su existencia bajo circunstancias muy específicas.
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