El gobernador Miguel Barbosa, reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación regresó a tribunales de Puebla el litigio de la Familia Jenkis y de la Fundación Mary Street Jenkins.
La SCJN rechazó la revisión de la acusación por lavado de dinero contra seis miembros de la familia Jenkins.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal debe resolver el litigio entre miembros de la familia Jenkins por el desvío y lavado de dinero de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins, dueña de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de al Nación (SCJN).
El argumento de los ministros es que los quejosos no tienen la facultad legal para solicitar que el tema fuera revisado por esta máxima instancia de justicia en el país.
Y es que, en 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) abrió este caso, a pesar de que en 2018 ya se había emitido un fallo, con ello se determinó acción penal por los delitos de fraude y lavado de dinero, este tema que provocó una demanda civil por parte del Gobierno de Puebla, el año pasado.
Fue en 2017 cuando Guillermo Jenkins de Landa demandó a sus familiares pues se apropiaron del patrimonio de la fundación creada por su bisabuelo en 1954, mediante una donación simulada en favor de otra entidad, denominada Fundación Bienestar de Filantropía, y enviando recursos a empresas de papel en Barbados y Panamá.
Esta operación llevó al SAT a fincar a la fundación créditos fiscales por mil 400 millones de pesos, y a embargar en 2016 el campus de la UDLAP como garantía del pago de la deuda.
De esta manera la Primera Sala de la SCJN determinó que el tema debe ser revisado y resuelto por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.
