Nuestro país ha dado pasos notables en la búsqueda de un tratamiento humanitario sobre el aborto. En abril de 2007, en la Ciudad de México, se aprobó su despenalización y se comenzó a ofrecer esta interrupción del embarazo en hospitales públicos.
La interrupción voluntaria del embarazo se paga con cárcel en varias entidades federativas, por lo que grupos feministas y defensores de los derechos humanos se encuentran en una lucha para que no sea así.
Se reconocen avances en material legal
Suman ocho estados de la república mexicana que han dado luz verde a este tema.
Las feministas mexicanas planteaban desde el siglo pasado el derecho al aborto como un asunto de justicia social, como una cuestión de salud pública y como una aspiración democrática
En donde no ha habido avances es en las reflexiones sobre este tema, mayoritariamente en la sociedad católica y en sociedades conservadoras. Entrar en exponer sus razones y confrontarlas con las de los grupos feministas sería un debate extenso, ya que una de las preguntas centrales es: ¿Quién debe tomar la decisión de un aborto?
Desde los años treinta, los movimientos feministas ya hablaban del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y fue a partir de la segunda ola feminista surgida en la década de 1970, que la demanda de la despenalización adquirió una presencia pública más fuerte.
La sociedad reconoce hoy en día algo importante, que la mujer tiene derecho a decidir, a elegir, a la libertad, a desarrollarse plenamente como profesionista. Eso ya es un adelanto en pleno siglo veintiuno.
Recordemos que fue el 17 de octubre de 1953 que el Presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mujeres mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Y el 3 de julio de 1955 emitieron por primera vez su voto, hecho que implicaba uno de los mayores reconocimientos a sus derechos.
Las presiones en contra de abordar el tema del aborto vienen no solo del ámbito político y social, sino también de las creencias, siendo la Iglesia Católica la institución con una postura más tajante.
El papa Juan Pablo II, en su visita a México en el año de 1999, mencionó: «¡Que ningún mexicano se atreva a vulnerar el don precioso y sagrado de la vida en el vientre materno!». Esta declaración tuvo sus repercusiones.
Los medios de comunicación reiteraban la postura de la iglesia y los políticos tuvieron que detener las discusiones, como ocurrió en la Asamblea Legislativa del D.F.
El Caso de Guerrero
El 17 de mayo de 2022, Guerrero se convirtió en el octavo estado en legalizar el aborto en México, con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un sufragio nulo, los integrantes del Congreso de dicho estado aprobaronla interrupción legal del embarazo.
De esta manera se avaló el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y su cuerpo, haciendo frente a la problemática de mortalidad por la realización de procedimientos clandestinos, además de dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Haciendo un poco de memoria, en septiembre de 2021 la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue la de invalidar los castigos penales a las mujeres que abortan.
“Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mexicanas y las personas gestantes; a partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables”, expresó el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Esto significa que todos los juicios pendientes de resolver, que impliquen castigar con cárcel a una mujer por interrumpir su embarazo, tendrán que ser fallados en el mismo sentido dictado por la SCJN, liberando a la acusada.
Más allá de las posturas de cada actor, lo cierto es que estas reformas en este tema tan sensible, que cala hondo en el imaginario social, no debe perder el hecho de que la mujer como ser humano tiene derechos por sí sola.
Los esfuerzo de las organizaciones feministas y de derechos humanos han servido para destacar los esfuerzos y trabajo de la lucha feminista por la despenalización del aborto.
#ELDATO
Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa y Guerrero son los estados de la República Mexicana que permiten a las mujeres abortar de forma legal hasta las 12 semanas de gestación.
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