No todo crecimiento económico se traduce en desarrollo, pero el desarrollo pasa necesariamente por un crecimiento. Esta relación es la que el mundo práctico e ideológico del gobierno de la “cuarta transformación” parece soslayar, descuido estratégico que puede tener un costo muy alto.
El gobierno del presidente López depende, de manera personalísima, de esta contradicción inmanente entre las potencialidades objetivas de un mundo práctico con respecto a los cálculos subjetivistas de culto a la figura presidencial. El problema consiste en que la imagen y el entorno simbólico concentrado en una persona no dan sustento al contenido de objetivos que se persiguen, son un obstáculo para éstos.
Hay un divorcio entre propaganda y marketing político en comparación con el logro de una auténtica visión de cambio. Incluso en documentos oficiales —por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo— puede percibirse este juego entre identidad y política pública, entre decisión y acción.
Las repercusiones de esta situación se expresan hacia dentro y hacia fuera del gobierno. Hacia dentro motiva disputas por el tipo de nación que buscan determinados grupos políticos, entre nuevos protagonismos que quieren crecer y condicionales que simplemente aceptan sin más el liderazgo carismático presidencial. La decisión pública se abre entre estrategia y lealtad y ambas orientaciones compiten entre sí.
Hacia fuera implica una pérdida de confianza y de credibilidad de objetivos que parecen sensatos e, incluso, deseables y legítimos, movilizada por un discurso agresivo y decisionista de una concepción de la política como continuación de la guerra por otros medios.
El presidente está incómodo en temas, reuniones y actos serios y que tienen que ver con la estrategia gubernamental. En cambio, está en su elemento disruptivo y de creación discursiva de autoelogio cuando entra en escenario y hace campaña política.
Sólo desde este telón de fondo pueden analizarse eventos que de otra forma no podrían tener alguna explicación.
Por ejemplo, en el acto de firma del acuerdo entre el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente, cuya meta es elevar la inversión total en el país a un nivel de 25% del Producto Interno Bruto (PIB), desde el 20% actual, lo que implica un compromiso del sector privado de invertir 35 mil millones de dólares adicionales en los próximos dos años, el presidente mostró la incomodidad de un acto que le es ajeno a su culto personal.
En cambio, en las conferencias de prensa mañaneras o en las giras de trabajo para presentar los programas de bienestar, en las que es principal interlocutor y dispensador, dador de vida y repartidor de dinero público, muestra su predisposición política, su sesgo, su talante intolerante de hombre de batalla.
Los círculos del poder político se mueven entre estas contradicciones, pero también los ámbitos económicos y sociales, lo que motiva diversas interpretaciones acerca del actuar gubernamental federal y dibuja para el gobierno una transparencia que requiere para lograr ciertos propósitos —como lograr aumentar las inversiones privadas, nacionales y extranjeras—, frente a una intransparencia que el propio gobierno se teje cuando el presidente traza los ritos de su culto personal y se siente héroe nacional.
Ojalá con el tiempo estos dislates cesen. Pero tiene que ser pronto, porque es necesario responder en unos días a las amenazas del presidente Trump, atender la baja en la calificación crediticia del país y de Pemex y mejorar los escenarios para un crecimiento económico, comenzando con la inseguridad y la impunidad.
