El pasado 30 de agosto de 2019 fue dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Informe sobre las Finanzas Públicas y Deuda Pública, correspondiente al periodo enero-julio de 2019. Entre otros datos relevantes, se advierte que durante dicho lapso los ingresos presupuestarios del sector público registraron una reducción de -2.7% en términos reales respecto al mismo periodo de 2018.
De acuerdo con los datos del informe el monto de 5,250.8 miles de millones de pesos de la nueva estimación para 2019 resulta -0.89% menor a la cifra presupuestada para este año en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Esto significa que el gobierno federal —y con éste las entidades federativas y los municipios a través de sus participaciones— espera recibir menos ingresos para el cierre del ejercicio, comparados con los recursos presupuestados a finales de 2018.
Los ingresos petroleros cayeron entre enero y julio de 2019 un -18.2% real, en comparación con el mismo periodo. Sólo Pemex redujo sus ingresos en -20.0% real, lo que se tradujo en que el gobierno federal redujera sus ingresos en -16.8% real. La inversión física se contrajo -15.8% en términos reales en ese mismo lapso.
Aunque los ingresos tributarios crecieron 2.6% entre enero y julio, el impuesto sobre la renta (ISR) en el periodo se mantuvo sin crecimiento (0.0%), el impuesto al valor agregado (IVA) cayó -1.7% real entre esos meses. Lo que ha logrado mantener en funcionamiento al gobierno federal es el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que aumentó 28.4% en lapso similar, particularmente el IEPS en diesel y gasolinas cuyo incremento llegó a 66.5%, equivalente a 170,436.2 millones de pesos en los primeros siete meses del año.
Por otro lado, el gasto programable pagado del gobierno federal se contrajo -4.5% entre enero y julio de 2019 respecto al mismo periodo de 2018, siendo los rubros de defensa nacional, economía, programas de bienestar y aportaciones federales a entidades federativas y municipios los únicos que registraron un comportamiento positivo en el periodo considerado.
Aunque el total de recursos federalizados cayeron -3.6% real en los primeros siete meses del año, las participaciones in ingresos federales que reciben estados y municipios aumentaron 4.3% una vez descontada la inflación.
Lo que estas cifras muestran es el impacto que la desaceleración económica ha provocado en las finanzas públicas, situación que se traduce en menor margen de maniobra del gobierno, aumento del riesgo que Pemex significa para las finanzas debido a su endeble situación financiera (la cual si se complica pondrá en aprietos a toda la estructura gubernamental), caída en los principales conceptos tributarios (ISR e IVA) y una dependencia muy marcada de la recaudación del IEPS derivado de gasolinas y diesel, con lo cual veremos en los siguientes meses aumentos en el precio de estos productos, a pesar de que se dijo que no aumentarían, los cuales se deben no sólo al aumento del IEPS sino a que en el precio repercute la ineficiencia de Pemex, expresada en el diferencial del precio de la gasolina en nuestro país y Estados Unidos.
Estas cifras indican también una alerta que traerá como resultado una revisión profunda en el paquete fiscal para 2020 y que podría significar nuevas medidas de austeridad y disciplina fiscal y financiera.
El actual estancamiento por el que atraviesa el país pone en entredicho cualquier propósito —individual, social, empresarial, gubernamental— y condiciona las acciones que habrán de ejecutarse en el corto plazo. En este punto de inflexión, la política económica para 2020 habrá de esmerarse en poner en marcha acciones anticíclicas a través un plan de gasto público más eficiente y focalizado en inversiones estratégicas, así como una política fiscal que mantenga las cargas impositivas y contribuya a evitar el deterioro de las principales variables macroeconómicas.
De no proponerse un ambicioso programa emergente para el año entrante, con perspectivas anticíclicas importantes, las personas y familias en nuestra vida diaria podríamos observar pérdidas en nuestra capacidad de gasto, individual y familiar, mayores tasas de desempleo, nuevas caídas en las inversiones productivas y exceso de requerimientos de programas sociales para aliviar la coyuntura.
