Los cambios, las transformaciones, las épocas de transición y renovación tienen su tiempo, su proceso evolutivo. Un gobierno, por más popular que sea, no puede dar resultados en poco más de cien días, sobre todo si lo que busca es el cambio. Esperar que en unos cuantos días y por la popularidad de un hombre y de sus actos de religiosidad política, así sea el presidente, deje de haber corrupción es una falacia, pues la corrupción es una experiencia, una situación administrativa y política, un fenómeno estructural, no un acto de fe.
La lucha en contra de la corrupción, su discurso mediático y maniqueo que la acompaña, los iniciales 50 puntos para combatirla y poner en marcha la austeridad, las declaraciones desafiantes del presidente López, no han ido más allá de golpes circenses, espectáculos públicos, motivaciones populares, pues lo que prevalece es una gran campaña anticorrupción pero sin política anticorrupción.
Una muestra de ello. La secretaria de la función pública Irma Sandoval compareció ante integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, a los que reclamó airadamente y manifestó sentirse “herida” porque no fueron reconocidos los supuestos logros de la presente administración. Ante las críticas, señaló que las medidas tomadas por el presidente de la República para combatir la corrupción son “históricas” y ningún otro gobierno las emprendió.
En nuestra opinión, no están en duda los “más de ocho mil 600 expedientes de investigación” que se han abierto, ni que se esté “dando seguimiento a cientos y a miles de funcionarios involucrados en licitaciones y contrataciones donde pudo haber irregularidad”. No, eso no está en discusión, hay que investigar las conductas corruptas y sancionarlas. Por el contrario, lo que está en cuestionamiento es lo que no manifestó la secretaria, pues aunque no logró convencer tampoco mostró visión ni estrategia de largo plazo, no puso en evidencia las bases de una política profunda anticorrupción, ni habló, por ejemplo, de la gran conquista que para el país significó el Sistema Nacional Anticorrupción y la forma en que habrá de fortalecerse.
Pesan sobre la funcionaria federal dos lastres: primero, la visión presidencialista autoritaria y centralista de corto plazo, que no se pudo quitar, y que mira a la corrupción bajo sus esferas moralistas de interpretación y como hecho individual, cargado de una responsabilidad ética y racionalizadora; segundo, el desprecio presidencial, la descalificación prejuiciosa del presidente López, hacia cualquier fórmula política, social, privada o económica que represente un fortalecimiento de instituciones que pueden serle hostiles, críticas, opositoras, desafiantes a su poder personalísimo.
Podrá haber en el futuro avances en materia anticorrupción, pero serán aislados y sin impacto frente a un problema que marca la vigencia en México y en su sistema político e institucional de un fenómeno organizacional, de un fenómeno que no es individual sino de relaciones sociales, de un fenómeno que rige la lógica normal y cotidiana del sistema político, que es su cimiento y que genera roles y espacios de reciprocidad e intercambio que originan múltiples manifestaciones de corrupción. El problema no es menor ni se deja solucionar con la retórica y las acciones de corto plazo.
La postura presidencial fue clara y por ésta votaron millones de mexicanos. Empero, su diagnóstico errático, su instrumento discursivo ideologizado y sus viejas prácticas administrativas no son suficientes para colmar la gran demanda por una sociedad sin corrupción (pública, privada, gubernamental, social), pues no hay fortalecimiento de aquellas instituciones que garanticen un cambio estructural, ni impulso de las organizaciones que respaldan a esas instituciones para erigirse en factores para hacer que la corrupción cambie su perspectiva de normalidad. Pesa sobre el presidente López el temor al contrapeso y su intolerancia.
La postura presidencial logró ganar votos, sin duda. Ahora deberá permitir y construir, en los hechos, cambios en las visiones y en los criterios de confianza institucional y organizacional, si quiere que la anticorrupción se transforme en un proceso político que desarticule la lógica de la corrupción del sistema político y la sustituya por procesos transparentes fuera de todo intercambio y arreglo basado en su lógica y operación cotidiana.
Queda mucho por hacer en este camino en el que todos estamos involucrados.
