En Puebla, la excelencia universitaria también se mide por la capacidad de las instituciones para escuchar, acompañar y actuar ante situaciones de violencia.
En Puebla, algunas universidades privadas presumen excelencia académica, reconocimientos internacionales, instalaciones de primer mundo y una formación que promete preparar a las nuevas generaciones para transformar la sociedad. Todo muy premium, muy high class, muy de portada.
Pero hay algo que ningún ranking puede medir por sí solo: la capacidad de una institución para escuchar, acompañar y actuar con sensibilidad cuando su comunidad atraviesa situaciones de violencia.
Y justo ahí, en ese terreno donde los discursos institucionales deben convertirse en acciones, dos casos recientes están abriendo una conversación incómoda sobre la atención universitaria, los derechos humanos y la responsabilidad de quienes tienen el poder de tomar decisiones.
Porque una universidad no solo se evalúa por lo que enseña en sus aulas, sino también por la forma en que responde cuando alguien necesita ser escuchado.
UDLAP: cuando un nombre no puede quedar fuera de la historia
El caso de María Fernanda Orozco Suárez sacudió a la comunidad universitaria y provocó indignación entre estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla.
Tras conocerse la muerte de la joven, investigada como presunto feminicidio, la universidad difundió un primer comunicado en el que negó que las personas relacionadas con el caso formaran parte de su comunidad. La omisión de su nombre y el deslinde institucional generaron cuestionamientos y movilizaciones estudiantiles.
Las alumnas alzaron la voz. Exigieron que María Fernanda fuera reconocida, que su memoria fuera respetada y que la institución respondiera ante una situación que tocó profundamente a su comunidad.
Posteriormente, la UDLAP reconoció que María Fernanda había formado parte de la institución y anunció que revisará y actualizará su protocolo de género.
Y aquí la pregunta no es solamente quién redactó aquel primer comunicado o qué información tenía la universidad en ese momento. La pregunta de fondo es qué lugar ocupan la empatía, la perspectiva de género y la dignidad humana cuando una comunidad enfrenta una tragedia.
Porque reconocer a una mujer no devuelve su vida. Pero evitar su invisibilización, respetar su memoria y escuchar a quienes exigen justicia sí forman parte de una respuesta institucional responsable.
Tec de Monterrey: denunciar también exige garantías
El segundo caso nos lleva al Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, donde el estudiante Néstor Ruiz hizo públicas sus denuncias sobre presuntos actos de acoso, hostigamiento y discriminación que, según su testimonio, habría sufrido durante varios meses por parte de una compañera de su entorno artístico.
El joven aseguró que presentó un expediente de 39 páginas con mensajes, grabaciones y testimonios para respaldar sus señalamientos. También relató que posteriormente enfrentó una denuncia en su contra, restricciones académicas y afectaciones a su participación en actividades artísticas.
Finalmente, informó que fue dado de baja de la institución y cuestionó la manera en que se desarrollaron los procedimientos internos. De acuerdo con la información difundida por medios locales, hasta el 11 de octubre no se había hecho pública una postura institucional del Tec que respondiera a sus señalamientos
La perspectiva de género y los derechos humanos no son privilegios reservados para unas personas ni herramientas para silenciar a otras. Exigen atender cada caso con rigor, sin prejuicios y sin discriminación.
La pregunta es inevitable: ¿cómo garantizar que los protocolos universitarios protejan a quienes denuncian sin anticipar culpabilidades ni vulnerar los derechos de las personas señaladas?
La reputación no sustituye la responsabilidad
Estos dos casos son distintos. Uno está atravesado por la violencia contra las mujeres y el dolor de una comunidad ante una muerte violenta; el otro, por denuncias cruzadas y cuestionamientos sobre un procedimiento disciplinario. No son situaciones equivalentes, pero ambos colocan sobre la mesa una cuestión fundamental: la confianza en las instituciones educativas.
Las universidades privadas tienen derecho a construir una marca, competir por prestigio y promover sus reconocimientos. Lo que no deberían perder de vista es que detrás de cada matrícula hay personas, familias, proyectos de vida, vulnerabilidades y derechos.
La excelencia también implica contar con protocolos accesibles, personal capacitado, acompañamiento psicológico, mecanismos de denuncia confiables, protección frente a posibles represalias y procedimientos que respeten el debido proceso.
Y no basta con que todo eso aparezca en una página web o en un manual institucional. Debe funcionar cuando más se necesita.
Y si una universidad presume ser de las mejores, la comunidad tiene derecho a preguntarle qué significa esa excelencia cuando hay una denuncia, una crisis o una vida que merece ser recordada.
Porque una institución verdaderamente sólida no es la que nunca enfrenta cuestionamientos. Es la que sabe responderlos con transparencia, sensibilidad y respeto a los derechos humanos.
¿Las universidades están preparadas para atender las denuncias de su comunidad con empatía, perspectiva de género y debido proceso, o todavía existe una distancia entre sus discursos de excelencia y sus respuestas ante las crisis?
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