Si el propio Congreso de Puebla está impulsando que la perspectiva de género atraviese la administración municipal, ¿por qué ese criterio no habría de ser considerado también al momento de seleccionar mujeres para encabezar los Concejos?
Hay respuestas políticas que son jurídicamente impecables… y aun así dejan algunas preguntas muy incómodas sobre la mesa.
Y ésta, queridas lectoras y queridos lectores, merece café.
Después de que el Congreso de Puebla designó los tres nuevos Concejos Municipales de Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco, se completó un dato que ya habíamos puesto bajo la lupa en esta columna: los ocho Concejos Municipales que operan actualmente en Puebla están encabezados por hombres. En las tres integraciones aprobadas el 12 de septiembre, las presidencias quedaron en manos de Raúl Pineda Raygoza, Ciro Gavilán Domínguez y Eduardo Vázquez Márquez.
Y entonces aparece la declaración del diputado Julio Huerta, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Su argumento, en esencia, es muy claro: la Ley Orgánica Municipal, en el capítulo correspondiente a los Concejos Municipales, no establece que la persona que presida deba ser del mismo género que quien dejó el cargo. Por ello, sostiene que el Congreso se condujo conforme al procedimiento legal, respetando la garantía de audiencia y los demás elementos jurídicos del proceso.
Perfecto.
La ley es la ley.
Pero aquí viene la pregunta de La Chica Única:
¿Que la ley no obligue significa que la política no pueda hacerlo?
Porque una cosa es el mínimo jurídico y otra, muy distinta, es el máximo compromiso político.
La pregunta incómoda
Si la legislación no decía “debe ser hombre” ni “debe ser mujer”…
Si existía margen para analizar perfiles…
Si Puebla cuenta con mujeres con experiencia política, administrativa, social y comunitaria...
Si el propio Congreso habla de igualdad sustantiva, perspectiva de género y participación de las mujeres...
¿por qué en ocho oportunidades consecutivas la cabecera de la mesa terminó ocupada por un hombre?
Ojo: no estamos diciendo que un hombre no pueda presidir un Concejo.
La pregunta es otra:
¿En qué momento se consideró el criterio de género para buscar que una mujer también pudiera ocupar esa responsabilidad?
Porque si el argumento es que “la ley no lo exige”, entonces la pregunta inevitable es:
¿Y quién dijo que todo lo políticamente correcto tiene que estar escrito con letras mayúsculas en una ley?
La política también tiene principios.
Tiene prioridades.
Tiene compromisos.
Y tiene señales.
Más aún cuando se ha construido un discurso público alrededor de que vivimos el “tiempo de mujeres”.
El detalle está en la silla principal
Y aquí hay algo que merece muchísimo más análisis.
En los nuevos Concejos sí hay mujeres.
En Esperanza hay mujeres integrantes y una síndica; en Tepeyahualco también hay mujeres dentro del órgano y una síndica; la propia integración de estos órganos demuestra que no estamos hablando de estructuras exclusivamente masculinas.
Entonces, querida Puebla:
¿Por qué sí pueden estar en la mesa, pero no necesariamente encabezarla?
¿Por qué la mujer puede integrar el Concejo, participar, opinar, votar y acompañar decisiones, pero cuando llega la hora de poner a alguien en la cabecera… aparece nuevamente un hombre?
Ésa es justamente la diferencia entre estar representadas y tener poder de decisión.
Porque el feminismo no está pidiendo que se coloque a una mujer solamente por ser mujer.
Está preguntando algo mucho más sencillo:
¿Las mujeres fueron realmente consideradas como opción para presidir?
Y aquí aparece la famosa igualdad sustantiva
Resulta especialmente interesante porque el propio Congreso poblano ha venido incorporando este lenguaje a su marco institucional.
En julio de 2026, el Legislativo aprobó reformas en materia municipal que incorporaron principios de paridad de género, perspectiva de género e igualdad sustantiva en la integración de los ayuntamientos.
Y apenas unas semanas después, la Comisión de Igualdad de Género aprobó un exhorto dirigido a Ayuntamientos y Concejos Municipales para que los nombramientos de titulares de dependencias y entidades de la administración municipal observaran progresivamente el principio de paridad. La diputada promovente incluso señaló que la paridad “no es una concesión”, sino un principio constitucional.
Entonces aquí va otra preguntita, con todo respeto y con mi tacita de café en mano:
Si el propio Congreso de PUEBLA está impulsando que la perspectiva de género atraviese la administración municipal, ¿por qué ese criterio no habría de ser considerado también al momento de seleccionar a quienes encabezan los Concejos?
No digo que necesariamente tuviera que elegirse a una mujer.
Digo que sería interesante saber si ese criterio estuvo sobre la mesa.
Y si no estuvo…
¿por qué no?
¿Legalidad o también visión política?
Julio Huerta habla de legalidad, procedimiento y técnica jurídica.
Y tiene sentido que así sea.
La desaparición de un Ayuntamiento y la creación de un Concejo Municipal son asuntos delicados. El Congreso debe cuidar el procedimiento, la garantía de audiencia y el cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal. De hecho, el propio Legislativo ha informado sobre las diligencias realizadas para garantizar ese derecho dentro de los procedimientos de revocación de mandato.
Pero una institución política no sólo interpreta normas.
También construye señales.
Y aquí la señal que quedó sobre la mesa es bastante peculiar:
ocho Concejos, ocho presidencias, cero mujeres.
¿Puede ser jurídicamente válido?
Sí, esa es precisamente la explicación que se ha dado.
¿Eso impide preguntar por qué ninguna mujer fue considerada para encabezar alguno?
No.
Y ahí está la diferencia entre una discusión jurídica y una discusión política.
Porque “tiempo de mujeres” también se demuestra
Hay frases que lucen preciosas en un discurso.
“Es tiempo de mujeres.”
Suena maravilloso.
Tiene fuerza.
Tiene hashtag.
Tiene fotografía.
Pero el verdadero examen llega cuando aparece una silla de poder disponible.
Entonces ya no basta preguntar:
“¿Hay mujeres preparadas?”
Quizá habría que preguntar:
¿Las buscamos?
¿Las evaluamos con los mismos criterios?
¿Las pusimos sobre la mesa?
¿Se consideró su experiencia comunitaria, administrativa y política?
¿Hubo una valoración con perspectiva de género?
Y una más:
Si había libertad jurídica para elegir, ¿por qué no utilizar también esa libertad para ampliar la presencia de mujeres en los espacios de mayor responsabilidad?
Porque cuando una ley establece un piso, la política puede construir un techo más alto. Y ese techo no debe ser de cristal por el cual muchas mujeres han peleado como Claudia Sheinbaum, Blanca Alcalá, Lucero Saldaña, Rocío García, Norma Pimentel, Claudia Rivera, Olivia Salomón, etc.
Y eso, queridas y queridos, también es gobernar.
Así que, diputado Julio Huerta, tomando como punto de partida su argumento de que la ley no establece un género determinado para quien presida un Concejo, queda una pregunta política, no jurídica:
Si la ley dejaba abierta la posibilidad de elegir, ¿por qué no aprovechar esa libertad para buscar también una mujer que pudiera encabezar alguno de estos Concejos?
Y una más, para quienes hablan de la transformación de la vida pública:
¿El “tiempo de las mujeres” significa que las mujeres deben estar presentes en los órganos de gobierno… o significa que también deben ocupar las sillas donde se toman las decisiones?
Porque, mis queridas lectoras, estar en la fotografía ya no es suficiente.
Queremos estar en la cabecera de la mesa.
Y si de verdad estamos en el tiempo de las mujeres…
que se note también cuando se reparte el poder.
¡Ya hasta se me enfrió el café!
Nos leemos pronto.
Con cariño,
La Chica Única.
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