Debido al incremento en la venta ilegal de los llamados productos milagro a través de tiendas online y en locales establecidos, que prometen consumo milagroso deben ser sancionados por la Cofepris, que en los últimos años ha abandonado la revisión.
Se deben imponer las multas a quienes fabriquen esta clase de productos, ya que su uso implica riesgos a la salud de los consumidores, por eso el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó la iniciativa para adicionar una fracción al artículo 404 del Código Penal del Estado de Puebla, con la finalidad de considerar como delito de fraude, la publicidad engañosa de productos milagro.
El legislador explica que la Iniciativa pretende considere como delito de fraude en el Código Penal, aquella que se realice por cualquier medio de publicidad engañosa de productos que prometen cualidades terapéuticas, preventivas, rehabilitadoras, curativas o cosméticas, y los comercialice sin contar con la autorización sanitaria correspondiente o con autorizaciones no ajustadas a su verdadera naturaleza.
Los productos milagro se exhiben como medicamentos, suplementos alimenticios o tratamientos en tianguis, mercados y vía pública; sin embargo, carecen de permisos sanitarios y fiscales, incumplen controles de calidad, se desconocen los ingredientes que contienen y, al mismo tiempo, prometen beneficios inmediatos.
Las deficiencias en los servicios de Salud y elevados costos de medicamentos, propician la existencia de un mercado potencial, cautivo para la distribución de productos que prometen aliviar los males de manera rápida y efectiva sin que la persona cambie sus hábitos alimenticios o de vida, sin hacer ningún esfuerzo, por eso los llaman productos milagro y por eso ofrecen bajar de peso, curar cualquier cosa de manera instantánea.
Por eso la Iniciativa del diputado Trujillo de Ita, tiene el propósito de que se limite la publicidad engañosa o que se advierta al consumidor los riesgos, sobre todo ahora que se convive con el corona virus.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución correspondiente.
