Los miembros de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXI Legislatura del Congreso del Estado presentaron una iniciativa de decreto donde se establecen los criterios para que los Ayuntamientos gestionen y contraten financiamientos con instituciones de crédito en lo que resta de su administración.
En sesión ordinaria de Pleno, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa de decreto con la cual se renueva el acuerdo aprobado en diciembre de 2021 para que los Ayuntamientos contraten financiamientos. En la propuesta se detalla que pueden utilizar como fuente de pago un porcentaje del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
La iniciativa de decreto plantea que los recursos obtenidos del financiamiento deben destinarse a inversiones públicas productivas, consistentes en obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, así como en las zonas de atención prioritaria, en rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio y resolución procedente.
Durante la sesión, la diputada Karla Martínez Gallegos presentó dos iniciativas, la primera plantea modificaciones al artículo 108 de la Constitución Política del Estado, y la segunda cambios a los artículos 45 y 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; el objetivo es que se procure que por lo menos el 51 por ciento de las adjudicaciones en el sector público sean en favor del comercio e industria local, siempre que se garanticen las mejores condiciones en términos de la legislación aplicable.
La iniciativa para modificar la Constitución fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mientras que la propuesta para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal será analizada en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.
Por su parte, el diputado Eduardo Alcántara Montiel propuso reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado y al Código de Instituciones y Procesos Electorales, con la finalidad de establecer los mecanismos para concretar gobiernos de coalición, derivados de las asociaciones electorales que suscriban los partidos.
Entre las disposiciones, destaca que, en el ejercicio de los gobiernos de coalición, el reconocimiento de las y los ciudadanos por cada partido político que haya propuesto para el desempeño de cargos públicos en Secretarías, dependencias de Gobierno o equivalentes, que se hayan referido en los convenios de gobiernos de coalición de los que formen parte. La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PROMUEVEN INICIATIVAS EN MATERIA DE SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO RURAL
Ante el Pleno de la LXI Legislatura, la diputada Eliana Angélica Cervantes González presentó una iniciativa de reforma a la fracción VII del artículo 29 de la Ley Estatal de Salud para establecer que, en el derecho a la protección de la salud, se considerarán servicios básicos los relacionados con la prevención y el control de enfermedades auditivas y visuales. La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud.
En su momento, el diputado José Miguel Huerta Rodríguez presentó una iniciativa de reforma a la fracción III del artículo 30, el 79 y 80 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para establecer que en la infraestructura productiva del campo se debe considerar la construcción de caminos saca cosechas. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural.
Por su parte, la diputada Nora Merino Escamilla presentó una iniciativa de reforma a la fracción IV del artículo 10, el primer párrafo y las fracciones VIII y IX del artículo 91 y la adición a la fracción X del artículo 91 de la Ley de Educación, para que las autoridades educativas promuevan y difundan la necesidad de prevenir, atender y erradicar la violencia en el noviazgo y la violencia de género. La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Educación.
