La diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el propósito de sancionar a la servidora o el servidor público que, en materia agraria, solicite o reciba pagos indebidos por trámites gratuitos, o bien, se aproveche del desconocimiento de las personas para inducirlas a entregar dinero o beneficios indebidos.
La propuesta indica que se impondrá prisión de tres meses a siete años y multa de una a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito, al servidor público que, por sí, o por interpósita persona, valiéndose de la información obtenida con motivo de su empleo, cargo o comisión en materia agraria, o aprovechándose de su calidad de autoridad agraria, solicite, exija, reciba u obtenga dinero, dádivas o cualquier beneficio indebido de personas campesinas, ejidatarias, comuneras, agricultores, productores agrícolas o habitantes de zonas rurales, por trámites, gestiones o solicitudes que conforme a la normatividad aplicable sean gratuitos.
La propuesta mediante la cual se adiciona la fracción X al artículo 417 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
Por otra parte, en sesión de la Comisión Permanente, la diputada Elisa Limon Balderrabano presentó una iniciativa mediante la cual se reforman diferentes ordenamientos, con el objetivo de garantizar el derecho al acceso a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente apropiada de los pueblos y comunidades indígenas.
Con la propuesta, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.
De igual forma, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de establecer que el Estado y los Municipios deberán implementar políticas públicas con enfoque interseccional y culturalmente pertinente.
Garantizar la Educación Integral con perspectiva de género, antirracista, antipatriarcal, interseccional y adaptada a los contextos culturales comunidades, así como establecer y ejecutar protocolos especializados para la atención, investigación y reparación integral que incluyan traductores, mediación cultural y garantía de no revictimización. En su propuesta, la legisladora define la violencia institucional, que se sancionará conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
