Libertad de expresión en México está protegida por la Constitución, pero tiene límites cuando afecta derechos de terceros, genera delitos u altera el orden público.
En México, la libertad de expresión es un derecho fundamental protegido por nuestra ley Suprema, la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, no debe confundirse libertad con impunidad.
Si bien es cierto el artículo 6° constitucional reconoce la libertad de manifestar ideas, también establece límites cuando una expresión afecta la vida privada, los derechos de terceros, provoca algún delito o perturba el orden público.
Así también el artículo 7° que protege la libertad de difundir opiniones e ideas, no convierte las palabras en actos jurídicamente inmunes.
La libertad de expresión necesita ciudadanos capaces de diferenciar entre crítica y violencia verbal; entre opinión y calumnia; entre cuestionamiento legítimo y vulneración de derechos; entre libertad y abuso, no se trata de limitar la libertad, se trata de educar para ejercerla.
Vivimos en una época en la que pareciera que hablar se ha convertido en un ejercicio automático. Se opina de todo, se juzga a todos y, con frecuencia, se emiten comentarios sin detenerse a pensar en su contenido, en la dignidad de quien los recibe o, peor aún, en las posibles consecuencias jurídicas que pueden derivarse de ellos.
La libertad de expresión no debe entenderse como el derecho a decir cualquier cosa sin consecuencias, sino como el derecho a participar en el debate público dentro del marco constitucional que protege, de manera simultánea, la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las personas.
Hoy más que nunca debemos recordar que tener libertad para hablar no significa estar exentos de responder por aquello que decimos.
Las palabras pueden construir, pero también pueden humillar; pueden generar debate, pero también alimentar prejuicios; pueden defender derechos, pero también vulnerarlos.
Por eso, antes de pronunciarnos sobre los demás, quizá deberíamos recuperar algo tan sencillo como el sentido común: pensar antes de hablar, conocer nuestros derechos y comprender que la dignidad humana no desaparece porque alguien decida convertirla en objeto de una opinión.
Dependiendo de las circunstancias y de lo que establezca la legislación aplicable, determinadas conductas pueden generar responsabilidad civil, administrativa e incluso penal, cuando se actualicen los supuestos legales correspondientes.
Entre otras consecuencias jurídicas, puede existir responsabilidad por daño moral o procedimientos relacionados con actos discriminatorios.
El llamado, entonces, no es a dejar de hablar, sino a aprender a hablar con responsabilidad.
En una sociedad verdaderamente democrática, la inteligencia no se demuestra diciendo más, sino sabiendo qué decir, cómo decirlo y asumiendo la responsabilidad de nuestras palabras.
En coincidencia con algunos juristas el reto consiste en:
- Que la tecnología no sustituya la humanidad.
- Que la inteligencia artificial ayude a pensar, pero no piense por nosotros.
- Que las redes sociales sirvan para comunicarnos, pero no sustituyan la convivencia.
- Que la libertad de expresión permita cuestionar al poder, pero también nos recuerde que detrás de cada pantalla existe una persona con dignidad y derechos.
- Pueden exigir respeto, pero desconocer que el respeto también implica reconocer los derechos de los demás.
- Pueden hablar de libertad, pero no comprender que la libertad jurídica lleva consigo responsabilidades.
- Pueden cuestionar a las instituciones, lo cual es legítimo y necesario en una democracia, pero sin conocer suficientemente cómo funcionan esas instituciones.
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