La Ley de Ingresos de la Federación para 2027 fue aprobada por la Cámara de Diputados en lo general el 14 de octubre y, posteriormente, en lo particular. El proyecto contempla que el Gobierno de México obtenga 10 billones 636 mil 488 millones de pesos durante el próximo año, recursos que servirán para financiar las actividades del Estado, los programas públicos y los servicios que recibe la población. El documento fue turnado al Senado para continuar su trámite legislativo.
Uno de los aspectos más importantes de esta ley es la recaudación de impuestos. Se calcula que el Gobierno federal obtendrá alrededor de 6.26 billones de pesos por este concepto, lo que representa la principal fuente de ingresos públicos. Estos recursos provendrán de los impuestos que pagan personas y empresas, así como de otras contribuciones establecidas en las disposiciones fiscales. La propuesta busca fortalecer la recaudación y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sin plantear un aumento generalizado de los principales impuestos al consumo y al ingreso.
Otro punto relevante es el endeudamiento. La ley autoriza al Gobierno federal a contratar hasta 1.7 billones de pesos de deuda interna neta y establece un límite de hasta 13 mil 500 millones de dólares para el endeudamiento externo. Estos recursos forman parte de las fuentes de financiamiento previstas para cubrir las necesidades del sector público. Sin embargo, el monto de la deuda generó críticas de la oposición, que advirtió sobre los riesgos de aumentar las obligaciones financieras del país y la necesidad de transparentar el destino de los recursos.
En materia de ingresos petroleros, se estima obtener cerca de 984 mil 540 millones de pesos. Para elaborar sus cálculos, el Gobierno considera un precio promedio de 61.8 dólares por barril de petróleo y una producción de alrededor de 1.8 millones de barriles diarios. También se proyecta que la economía mexicana crezca entre 1.5 y 2.5 % durante 2027. Estas estimaciones son importantes porque el comportamiento de la economía y del sector energético puede influir directamente en los ingresos disponibles para el gasto público.
Entre las medidas fiscales destaca la ampliación del programa de regularización de adeudos tributarios. La modificación aprobada permite que contribuyentes, incluidas empresas, puedan ponerse al corriente con el fisco sin pagar multas ni recargos, siempre que cumplan las condiciones establecidas, presenten las declaraciones correspondientes y cubran los adeudos en los términos previstos. La medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y recuperar recursos que de otra manera podrían permanecer pendientes.
La ley también incorpora disposiciones para combatir prácticas irregulares relacionadas con los combustibles, particularmente el llamado huachicol fiscal. El propósito es reforzar los controles y evitar que las diferencias injustificadas entre la compra y la venta de combustibles se utilicen para evadir obligaciones tributarias. Asimismo, se contemplan ajustes relacionados con los esquemas fiscales simplificados para determinados contribuyentes.
La aprobación mostró diferencias entre las fuerzas políticas. Mientras los partidos que respaldaron el proyecto defendieron la capacidad recaudatoria y la estabilidad de las finanzas públicas, legisladores de oposición cuestionaron el nivel de endeudamiento y pidieron mayores garantías de transparencia, así como que los recursos se destinen a inversiones productivas y proyectos que generen beneficios duraderos.
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