Este 1 de septiembre se llevó a cabo la instalación del nuevo Poder Judicial de la Federación. Durante una sesión solemne en el Legislativo, tomaron protesta jueces, magistrados y ministros electos por voto popular, incluidos los nuevos integrantes de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y del renovado Órgano de Administración Judicial (OAJ).
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que este Poder Judicial “será mucho mejor que el anterior” precisamente porque sus miembros han sido elegidos por el pueblo, asegurando que su mandato será responder a la gente y no a intereses particulares.
Este evento marcó el inicio de una etapa institucional sin precedentes: por primera vez, los máximos cargos del Poder Judicial fueron ocupados por personas electas directamente por la ciudadanía, lo que representa una transformación histórica en la impartición de justicia en México.
¿Por qué este Poder Judicial es diferente? Orígenes y fundamento
Electo popularmente
Por primera vez en la historia moderna del país, Ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces de distrito y otros cargos judiciales son elegidos mediante voto popular, no designados por cuerpos colegiados o el Ejecutivo.
Esta reforma fue impulsada por el gobierno de Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador como una apuesta por una justicia más legítima y cercana a la ciudadanía.
Reestructuración institucional
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): reducción de 11 a 9 ministros, con mandatos limitados a 12 años; además, se eliminan las dos salas y se establece que las sesiones sean públicas y en pleno únicamente.
Desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), reemplazado por:
El Órgano de Administración Judicial (OAJ), encargado de la gestión administrativa del Poder Judicial.
El Tribunal de Disciplina Judicial, responsable de supervisar, evaluar y sancionar conductas de juezas, jueces y magistrados.
Establecimiento de mecanismos de austeridad, límites salariales (ningún servidor judicial puede ganar más que el presidente) y eliminación de fideicomisos judiciales.
Contexto político y legitimidad
Esta reforma fue aprobada en septiembre de 2024, tras una fuerte discusión en el Legislativo y respaldo en los congresos estatales; luego promulgada y aplicada para las elecciones judiciales en junio de 2025. Es considerada una primicia global, ya que México se convirtió en el primer país en permitir la elección popular de todos sus operadores judiciales.
No obstante, la reforma fue muy controvertida: opositores argumentan que debilita la independencia judicial y politiza la función judicial, mientras que defensores sostienen que democratiza y legitima al sistema.
Participación femenina: ¿cuántas y qué implica?
Elección y representación
En la convocatoria para las elecciones judiciales de junio de 2025, solo aproximadamente 30 % de las y los aspirantes fueron mujeres, frente a un 70 % de hombres.
Este dato refleja que la reforma no contempló una perspectiva de género ni respetó los espacios ganados por mujeres en el sistema judicial.
Distribución actualmente según datos del INEGI y JUFED
La proporción de mujeres en el Poder Judicial federal antes de la reforma era baja:
Tribunales colegiados de circuito: 22.1 % mujeres.
Tribunales colegiados de apelación: 32.5 %.
Juzgados de distrito: 38.7 %.
Centros de Justicia Federal: solo 16.4 %.
En total, había 548 juezas y magistradas en estos niveles; de ellas, 224 dejarán sus cargos en 2025 y el resto en 2027, todos sujetos ahora a elección.
Se han impulsado convocatorias y concursos exclusivos para mujeres (2019–2023), lo que permitió incorporar a varias juezas, pero la reforma los dejó atrás, al no garantizar mecanismos de paridad.
Como bien expresó una magistrada: la reforma «no se concibió con perspectiva de género» y pone en riesgo los avances logrados, al obligar a muchas juezas a competir sin recursos, mientras que la única condición es aparecer en una boleta electoral desigual.
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