Poco a poco el discurso cede ante la realidad. Es posible esbozar alguna hipótesis política ante un tema público como el de la corrupción, pero cuando los datos muestran la falsedad de la hipótesis es menester modificar la idea. El dicho de que la corrupción se limpia “de arriba hacia abajo” porque el de arriba es supuestamente honesto, por lo menos en nuestro país ha demostrado ser una ficción.
Si se hace caso a los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2019), en cuanto a la corrupción se tiene que la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 15,732 personas por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
Esta tasa de prevalencia de la corrupción se ha ido elevando de manera consistente. En 2013 la tasa fue de 12,080, para 2015 ésta pasó a 12,590, en 2017 fue de 14,635 y para 2019 alcanzó 15.732 personas por cada 100 mil habitantes, un aumento de 4.22% entre 2015 y 2013, de 16.34% entre 2017 y 2015 y de 7.49% entre 2019 y 2017.
Otro indicador es la tasa de incidencia de la corrupción que mide que se refiere a los actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100 mil habitantes. Tocante a esta tasa el aumento fue de 19.24% al pasar de 25,541 actos en 2017 a 30,456 en 2019.
Respecto al tipo de trámite, pago o solicitud de servicio, el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2%, seguido de los trámites relacionados con la propiedad con 25%.
Por otro lado, el porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa, pasó de 91.1% en 2017 a 87% en 2019, una disminución de 4.5%. Esta menor percepción de actos de corrupción se mantiene a la baja en 19 estados, en uno a la alta y en 12 permanece igual.
El costo total de la corrupción en pagos, trámites o solicitudes de servicios en 2019 fue de 12 mil 770 millones de pesos, es decir, un promedio por persona equivalente a 3,822 pesos. El costo total como consecuencia de la corrupción en el contacto con autoridades de seguridad pública fue de 2 mil 244 millones de pesos, un promedio de 1,294 pesos por persona afectada. En cuanto al costo de la corrupción por trámites vehiculares éste fue de 524 millones de pesos, un equivalente de 766 pesos promedio por persona afectada.
Como puede apreciarse, en el caso de nuestro país no basta con un buen discurso para bajar la corrupción, aunque machaconamente pueda decirse que ya no la hay y pueda tenerse algún ligero impacto en su percepción como sucedió entre 2017 y 2019, lo que muestra la encuesta es que 87 personas de cada 100 actualmente creen que existe corrupción.
No deben perderse de vista los lugares de alta sensibilidad a la corrupción, como la seguridad pública, los trámites relacionados con la propiedad y los vehiculares, que son escenarios públicos en los que deberán trabajar las autoridades federales, estatales y municipales.
De lo anterior puede concluirse que aún para los servidores públicos como para nosotros los usuarios, la corrupción sigue siendo una opción porque es un incentivo incrustado tanto en los hechos, en los trámites y procesos gubernamentales, como en la percepción, en la mente de usuarios y servidores, quienes guían su comportamiento por esta realidad que se resiste al discursito y requiere medidas firmes y contundentes, políticas públicas claras y enfocadas profundamente, en el contexto de una dinámica organizacional, ética y cultural distintas.
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