En opinión de Federico Berrueto, el crimen organizado, por omisión o por diseño, se ha vuelto compañero de viaje en el objetivo electoral de ganar la elección presidencial.
Expertos, opinadores y autoridades del país y del extranjero coinciden en que la amenaza mayor a la elección viene del crimen organizado. No es que la elección de Estado sea un tema menor, sino la connivencia entre las autoridades federales y el crimen. El simple hecho de no actuar, dejar pasar y no perseguir es razón suficiente para la sospecha, el reclamo y la exigencia para que las autoridades hagan su tarea. Los criminales ya estaban, pero ahora su intimidante presencia llega a mucho más.
Es evidente que el presidente López Obrador está al tanto. Al principio no actuaba porque sabía se incrementaría el enfrentamiento entre criminales y las fuerzas del orden. Los abrazos no balazos fue un pésimo mensaje y resultó en un incentivo a los criminales. Suponer que con becas se podían combatir las causas sociales que propician el reclutamiento de jóvenes era ingenuo y absurdo. No hay presupuesto que alcance para igualar las remuneraciones y los estímulos de los grupos criminales, además del poder de intimidación.
Militarizar la seguridad pública tampoco resultó en nada positivo. El presidente sabe que la lógica militar en materia de seguridad lleva al aniquilamiento del adversario con todas sus implicaciones, entre otras los derechos humanos. Militarizó, pero les amarró las manos. Los soldados y la Guardia Nacional son utilizados como recurso disuasivo, no como medio para perseguir y sancionar a los delincuentes. El saldo es que el crimen crece, se diversifica, se extiende territorial y sectorialmente. Lo que es peor, las autoridades locales y municipales civiles casi siempre quedan expuestas a la par de que el poder corruptor del crimen organizado llega a todos lados: a las policías, a las instancias de procuración y administración de justicia, a las áreas recaudadores, así como a la Guardia Nacional y a las mismas Fuerzas Armadas.
La delincuencia organizada, por omisión o por diseño, se ha vuelto compañera de viaje en el objetivo electoral de ganar la elección; sin embargo, su actuar es complejo porque sus prioridades inmediatas están en el orden municipal, no tiene una afinidad partidaria específica, está contra quien pueda afectarla y apoyará a quien le sirva o se le someta.
Por otra parte, hablar de delincuencia organizada es referirse a una diversidad de cárteles, grupos, subgrupos que actúan de manera desarticulada y sin lógicas convergentes. Incluso, se puede decir que la parte más violenta e impredecible resulta del enfrentamiento entre ellos, a veces, hasta al interior de los propios grupos criminales.
El vacío de autoridad significa que mucho puede suceder. De antemano, crecerán la violencia y los ataques a candidatos y estructuras partidistas y de campaña. Numerosas partes del territorio están bajo el dominio del crimen organizado, no hay Estado sino un narcoestado. Lo que se haga requiere de la venia de quienes dominan la plaza. Cobran relieve las evidencias recientes de la población civil en búsqueda de auxilio o protección de los jefes criminales ante otros criminales o sus mandos, ya no recurren a las autoridades para protegerse.
La geografía es relevante. Lo rural está más expuesto al embate del crimen que las zonas urbanas. La elección de 2021 fue aleccionadora, el problema es que ahora el crimen se ha extendido enormemente y en el ámbito urbano está el mayor negocio por el mercado. Los territorios bajo su dominio se han ampliado, así como el control de las autoridades, no sólo las relacionadas con la seguridad pública o la investigación de acciones criminales.
Fundamental para el futuro de la democracia y del país será qué ocurra en los territorios densamente poblados. Una elevada votación atenúa el impacto de la interferencia del crimen organizado. Pero no es suficiente.
La preocupación mayor es la ausencia de autoridad. No corresponde al INE resolver el tema, sino a las instancias del gobierno federal como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, unidades de inteligencia de la Marina y de la Sedena, la Guardia Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras dependencias. Más que todo, el presidente López Obrador debiera entender que hay un riesgo mayor al de perder una elección, perder al país, escenario en el horizonte por el arribo del crimen organizado por la puerta grande, chica y la ventana por la connivencia oficial.
