Una bebé de casi siete meses fue hallada sin vida en los baños de la UPAEP, una universidad católica de Puebla.
La noticia estremeció al país y encendió un debate que, en realidad, nunca se apagó: la diferencia entre despenalizar el aborto y garantizar derechos reales. Porque sí, en Puebla el aborto ya no es delito… pero tampoco hay política pública, educación sexual ni campañas de acompañamiento que lo hagan una opción segura, informada y humana.
Y aquí es donde da coraje: la despenalización fue presentada como un triunfo histórico —y lo fue—, pero después vino el silencio. El Estado aplaudió la reforma, se tomó la foto y luego guardó el discurso en un cajón. No hay clínicas públicas suficientes, no hay campañas de prevención, no hay protocolos claros para atender a mujeres y adolescentes, y no hay acompañamiento psicológico. La ley cambió, pero el sistema no.
El caso de la UPAEP no debe leerse como un morbo, sino como un síntoma. Una joven vivió un embarazo avanzado sin apoyo, sin atención oportuna, sin herramientas, y el resultado fue una tragedia. Y lo peor es que esto no pasó en una comunidad marginada ni en una clínica clandestina, sino en una universidad privada, en pleno corazón de Puebla capital. ¿Cuántas señales se ignoraron antes de llegar ahí?
Y sí, el Estado tiene una deuda. Porque no basta con decir “ya pueden abortar sin cárcel” si no se acompaña con educación sexual integral, orientación médica y campañas de prevención que lleguen a todos los espacios: escuelas, universidades, redes sociales. De nada sirve la libertad legal si sigue existiendo el miedo, la desinformación y la culpa.
La muerte de esa bebé no es solo un caso forense, es un espejo social: seguimos sin hablar de sexualidad, sin educar en derechos reproductivos, sin acompañar emocionalmente a las jóvenes. Seguimos tratando los embarazos no planeados como un pecado y no como un tema de salud pública. Y mientras el gobierno guarde silencio, las tragedias seguirán repitiéndose.
