Puebla dispone de 45% menos presupuesto por habitante que el promedio de las fiscalías estatales.
El robo en sus distintas modalidades representó el 40.2% de los delitos registrados en Puebla durante 2025, una proporción considerablemente superior al promedio nacional de 23.8%. Así lo revela un análisis de Pulso Puebla, elaborado a partir del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2026 del INEGI.
El estudio examina las condiciones institucionales de la Fiscalía General del Estado, considerando presupuesto, personal, carpetas de investigación, delitos registrados y mecanismos alternativos de solución de controversias.
Los resultados se comparan con los promedios nacionales y cinco entidades de referencia: Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.
Entre los principales hallazgos destaca que Puebla registró 32,971 delitos de robo, principalmente en modalidades como robo de vehículo, robo a transeúnte y robo a negocio.
En conjunto, los delitos contra el patrimonio representaron 55.4% del total registrado por la Fiscalía poblana. Durante el mismo periodo, se abrieron 82,122 carpetas de investigación, ubicando a Puebla en el sexto lugar nacional.
Sin embargo, el presupuesto ejercido por su Fiscalía fue de 1,750 millones de pesos, equivalente a 256 pesos por habitante, 45.1% por debajo del promedio nacional de 466.8 pesos.
La disponibilidad de personal también presentó diferencias: Puebla contó con 52.1 servidores públicos dedicados a la procuración de justicia por cada 100 mil habitantes, frente a 74.5 a nivel nacional, una brecha de 30.1%.
Otro dato relevante es que solo 24.8% de las carpetas abiertas contó con una persona imputada, frente al promedio nacional de 30.6%. Aunque esta proporción no equivale a una tasa de esclarecimiento, constituye un indicador relevante para analizar los procesos de investigación.
En contraste, Puebla destacó por contar con 86 oficinas de mecanismos alternativos de solución de controversias, la cifra más alta del país, con 7,269 expedientes iniciados durante 2025.
Los resultados plantean la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los delitos patrimoniales, evaluar la suficiencia y distribución de los recursos institucionales y analizar los factores asociados con las carpetas sin persona imputada.
Para Pulso Puebla, el desafío consiste en mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles y fortalecer las capacidades institucionales para garantizar una procuración de justicia más eficaz y una mejor atención a las víctimas.
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