La violencia en México se normaliza mientras las autoridades destacan la reducción de homicidios, pese a que la población aún se siente amenazada por el crimen.
Tiene que ocurrir un hecho atroz para que se interrumpa el ciclo de la normalización de la violencia. Se entiende el empeño de las autoridades en presentar un país en paz y con un gobierno que ofrece buenos resultados.
Se han levantado campanas al vuelo por el éxito según las cifras de homicidios dolosos, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI muestra que casi tres de cuatro mexicanos se sienten amenazados por el crimen.
El homicidio de la joven estudiante española en Morelos, Claudia Tacoronte, representa una sacudida dolorosa y dramática. Da ocasión para advertir que es una de cuatro universitarias asesinadas en un año en esa urbe.
Entre enero y septiembre, 70 mujeres han sido asesinadas en Morelos, una cada cuatro días. Las autoridades se muestran no sólo impotentes para proteger lo más valioso de las personas que es la vida, sino en los hechos complacientes.
Los resultados son los que importan y dejan al descubierto el abandono de las personas ante los delincuentes.
Morelos desde hace años ha sido invadido por la criminalidad, proceso que lleva mucho tiempo, pero acentuado durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y en todo el país desde que llegaron los abrazos y no balazos del presidente López Obrador.
Dos mujeres ahora gobiernan el Estado y el país, y de alguna manera han logrado encomiables resultados; sin embargo, marginales para la magnitud del problema; peor aún la sobreexposición de los avances ha llevado a la normalización de la violencia, y no están solo los gobiernos y los poderes públicos, participan también de este proceso los medios de comunicación que reproducen la propaganda oficial, no se alarman con la realidad que se vive en un país donde prevalece la impunidad.
Se requiere dar continuidad y perseverar más allá del ciclo noticioso.
La impunidad se ha vuelto política de Estado a grado tal que se invoca la soberanía nacional para blindar al presunto delincuente cuando se trata de un político afín de relieve.
Hay impunidad intencionada e impunidad derivada del abandono y la incompetencia; es la estructural, la que resulta de la corrupción de policías, ministerios públicos y juzgadores.
Los que lastiman y matan no rinden cuentas ante la justicia y esa es la causa principal de la elevada criminalidad.
Las autoridades se regocijan con mitigar la monstruosa cifra de homicidios, pero subestiman el crecimiento de la extorsión en todas sus formas y la manera en que autoridades y delincuentes en muchas partes son uno mismo.
Parece ser que el homicidio de Claudia no ocurrió por acción del crimen organizado, tan presente en esa región del país. El homicida quizá sea un adicto presto al asalto para llevar su mala vida.
En cierta forma es lo mismo, porque todo remite a la impunidad y a la ausencia de autoridad en su incapacidad para proveer seguridad.
La indignación no es suficiente, urge que la sociedad se movilice para exigir resultados a las autoridades; esperar a la sanción por la vía del voto es ineficaz por sus tiempos y por la perversión creciente de las elecciones a través del clientelismo que invalida al ciudadano para hacer del sufragio el recurso de castigo al mal gobierno.
El país padece la obsesión centralista en la atención de la inseguridad que ha dominado la estrategia de las autoridades. No se advierte que la justicia, con todas sus imperfecciones, es el obligado recurso para cambiar el estado de cosas.
Igualmente se ignora la evidencia que aportan las regiones y los Estados con buena seguridad, que el mayor esfuerzo debe encaminarse al fortalecimiento de las policías, ministerios públicos, áreas forenses, tribunales y régimen penitenciario en el ámbito local.
Así, por ejemplo, el despliegue reciente de miles de soldados a Mazatlán anunciado como respuesta a la inseguridad en ese municipio, en el mejor de los casos atenuará por un tiempo el problema, no lo solucionará. Como suele decirse, ellos llegan y luego se van, los criminales se quedan porque aquí viven.
Coahuila y Yucatán son modelo de lo que debe hacerse.
Son experiencias que han pasado la prueba del tiempo y que requieren de persistente apoyo del ámbito federal porque también enfrentan el amago del poderoso criminal.
La lección que ofrecen es alentadora y contundente: impunidad cero, fortalecimiento del sistema de seguridad local.
Que su pérdida sirva para que muchas otras jóvenes no enfrenten su trágico y atroz homicidio. Descanse en paz, Claudia Tacoronte.
