La despenalización del aborto en Puebla, ha sido una lucha histórica, que hoy es ley.
La lucha por la despenalización del aborto en Puebla ha sido de casi dos décadas con las voces de activistas y colectivas que se manifestaban desde 2007, haciendo frente a reformas y gobiernos persecutores y criminalizantes.
El viernes 12 de julio fue aprobado el dictamen para la despenalización del aborto que fue discutido y votado hoy lunes 15 de julio; Hoy el congreso de Puebla ha hecho historia con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, con lo que quedo aprobada la despenalización del aborto en Puebla, como resultado de una larga y complicada lucha por parte de colectivas feministas.
La lucha por Irrupción Legal del Embarazo (ILE) en el estado data de casi dos décadas con las voces de activistas y ciudadanas que respondían a la despenalización del 26 de abril de 2007 en Ciudad de México. De acuerdo a CAFIS A.C. (una de las pioneras en la lucha en Puebla), fue desde este año que comenzaron a presentar diversas iniciativas.
Sin embargo, en 2009 durante el periodo de Mario Marín (detenido por complicidad con pederastas) fue aprobada una reforma constitucional (conservadora y anti derechos) bajo la justificación de “proteger la vida desde el momento de la concepción”. Esta persecución se vio reflejada primeramente en el caso de Alejandra Gómez Sánchez, joven de 20 años criminalizada por realizar ejercer su derecho de decisión.
Organizaciones como Colectivo de Mujeres por la Democracia y Democracia y Sexualidad se pronunciaron contra la criminalización de Alejandra y visibilizaron que la Ley Anti-aborto no detendría a mujeres y personas gestantes para buscar alternativas, por lo que el estado continuaba vulnerando sus vidas al prohibir su acceso.
La lucha fue continúa desde esos años, con manifestaciones y buscando recurrir a herramientas jurídicas. La Campaña por el Aborto Legal en Puebla la que suman las colectivas CAFIS A.C., Red la Morada, REDefine, Odesyr y GIRE, también recordó que desde 2018 hasta 2021 se presentaron 6 iniciativas para la despenalización en el estado, no obstante, ninguna llegó a pleno, bloqueada por prejuicios y estigmas por parte de las autoridades.
En 2020, la toma del Congreso para la exigencia del ILE marcó un importante paso para el avance de la lucha, contando con el apoyo de 150 organizaciones mexicanas y 600 activistas. Como parte de los compromisos para levantar la toma, se exigió que la discusión continuará, llevando al primer Parlamento sobre Derechos Sexuales, Derechos reproductivos y Aborto Legal que realizó en 2022.
Para 2023, gracias al esfuerzo de las activistas, se logró un amparo para acceder al procedimiento sin ser criminalizadas y a través de la asesoría de las colectivas. A pesar de esto, los servicios de salud pública como el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) se negaron o entorpecieron los trámites para realizar el aborto debido a los prejuicios y el desconocimiento de esta opción.
Por ello, la campaña por el aborto ha continuado impulsando la despenalización, una obligación en todos los estados después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró como inconstitucional la criminalización el aborto de manera absoluta.
Desde inicio de este año, las acciones han sido amplias y firmes ante las autoridades, sumando los pronunciamientos del sector salud, quienes también urgieron la despenalización tras ser testigos de numerosos casos en los que la criminalización llevó a la muerte de menores gestantes.
El dictamen
Con 5 votos a favor, 0 en contra y una abstención, el viernes pasado se aprobó el dictamen para ser votado en el pleno del Congreso hoy lunes 15 de julio, fecha que quedará marcada en la historia de Puebla, ya que con la despenalización se salda una deuda histórica.
Se establece que las mujeres y personas gestantes podrán acceder al procedimiento del aborto de manera integral hasta el periodo de 12 semanas de gestación; quien después de ese tiempo “voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar” será penalizada con cárcel. Aunque originalmente se consideró el trabajo comunitario, este fue descartado durante las discusiones.
