Rogelio Mascorro Menéndez, investigador y coordinador de asistencia a la Rectoría de la Universidad Iberoamericana Puebla, cuestionó que las campañas electorales anticipadas se hayan convertido en una práctica cada vez más frecuente entre partidos políticos de distintos colores y entidades federativas. Desde espectaculares, revistas y hasta volanteo, los perfiles contendientes empiezan sus actos de proselitismo incluso un año antes del periodo oficial de campañas.
Aseguró que su normalización no debe llevar a la ciudadanía a considerar estas acciones como legítimas. Todo lo contrario: se debe señalar e incluso cuestionar su legitimidad, sobre todo en tiempos de profunda polarización política y social.
El investigador explicó que los actos anticipados de campaña están prohibidos por la legislación electoral y que, frente a su creciente presencia, corresponde también a la ciudadanía exigir que los partidos políticos y las autoridades respeten los tiempos establecidos para los procesos electorales.
Uno de los principales desafíos se encuentra en la fiscalización y vigilancia de estas prácticas. De acuerdo con el especialista, los partidos pueden recurrir a distintos argumentos para deslindarse de la difusión de determinados contenidos, como señalar que la información fue replicada por medios de comunicación o difundida por ciudadanos independientes.
Señaló que los partidos políticos mantienen responsabilidad sobre la información que se difunde en su beneficio y tienen la posibilidad de promover entre sus militantes y simpatizantes el respeto a los tiempos electorales establecidos por la ley.
En este sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales locales cuentan también con facultades para emitir recomendaciones a los partidos y contribuir a prevenir este tipo de prácticas. Para el académico, las propias organizaciones políticas deben asumir un papel activo para evitar que sus seguidores incurran en actos anticipados.
«El respeto a los tiempos electorales resulta fundamental para garantizar un piso parejo en la competencia», expresó el especialista.
Mascorro Menéndez destacó que esta condición es necesaria para que una elección pueda considerarse justa, equitativa, abierta e incluyente y, por tanto, democrática.
La responsabilidad, agregó, no corresponde únicamente a los partidos políticos y las autoridades electorales. Las ciudadanas y los ciudadanos también pueden contribuir evitando replicar información relacionada con actos anticipados y denunciando aquellas acciones que consideren que podrían constituir una infracción electoral.
De esta manera, el cumplimiento de los tiempos electorales representa una responsabilidad compartida entre instituciones, partidos políticos y ciudadanía, cuyo objetivo debe ser preservar condiciones de competencia equitativas y fortalecer la legitimidad de los procesos democráticos.
