El nuevo código penal en Cuba criminaliza a la disidencia no violenta señalaron distintos colectivos y asociaciones en favor de los derechos en la isla
La Asamblea Nacional de Cuba acaba de aprobar el pasado domingo reformas significantes al Código Penal de la isla. Entre los cambios significativos destaca el de prisión de hasta tres años a las personas que insulten a los altos funcionarios públicos del gobierno.
Además, la reforma prohíbe el financiamiento de extranjeros a los medios de comunicación. La disidencia de Cuba ha acusado a la reforma de pretender asfixiar a las protestas sociales y al periodismo independiente.
Por su parte el gobierno de Cuba ha calificado a la reforma como “moderna, educativa y garantista”. El nuevo código contempla delitos ambientales, de cibercriminalidad, violencia de género y conspiraciones internacionales que no contemplaba el de 1987.
Como era de esperarse es la disidencia cubana quien ha señalado el mayor número de críticas y retroceso a los pocos derechos existentes. El nuevo código de Cuba aumenta a 37 los tipos de delitos, además endurece las penas. Los disidentes señalaron que 4 delitos más se suman a la pena de muerte y 10 a prisión perpetua.
En la isla según el código de 1987 estaba permitido la financiación extranjera de ONG a medios de comunicación. Sin embargo, el nuevo código lo considera un delito de espionaje con el objetivo de “defender al estado”. Los disidentes acusaron que estos cambios repentinos en Cuba obedecen a una respuesta a las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
José Luis Toledo Santander presidente de la comisión de asuntos constitucionales afirmó que el proceso fue abierto y transparente. Además, señalo la importancia de la reforma está basada en los principios constitucionales de Cuba y otorga “garantías a la población”.
El abogado Fernando Almeyda importante líder de la disidencia en la isla señalo que es preocupante la nueva ley. El principal argumento del disidente es que se otorga “un nuevo nivel de institucionalización a la violencia para garantizar los intereses sociales del estado”.
El nuevo código no solo mantiene, sino que aumenta la pena a los delitos de “propagación de noticias falsas y sedición”. Algunos manifestantes del 11 de julio han alcanzado hasta 30 años de prisión por el supuesto “delito” antes mencionado.
En las últimas horas más colectivos disidentes en Cuba se ha sumado a las críticas al nuevo código penal. En su conjunto lo consideran la maquinaria represiva cubana que criminaliza a la disidencia no violenta.
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