Los actos de corrupción que llegan a saberse o se vuelven mediáticos son una especie de pincelada en amplio lienzo del poder.
De este tema se habla poco y cuando se hace, sólo es para el golpeteo político en época electoral o responder a un caso mediático que penetró en la opinión pública.
El seguimiento de estos temas es prácticamente nulo. Los informes por parte de los órganos de control interno o las autoridades judiciales se llevan a cabo en forma discrecional.
Igual que en el tema de seguridad, la corrupción se ha normalizado -por decir lo menos- en la esfera pública.
Lo digo por el caso que se presentó recientemente en Xoxtla en donde la edil Guadalupe Ortiz Pérez, acusó a su antecesora Guadalupe Siyancan Peregrina Díaz, de haberle dejado un municipio endeudado y con pendientes en materia de servicios, seguridad y obra pública.
Como dice la frase: para muestra solo hace falta un botón. Y es que el asunto es de especial interés porque la exedil de Xoxtla es actualmente secretaria general de Morena, un movimiento en el que supuestamente no se toleran actos de corrupción.
Es obvio que, como cualquier persona con derechos, goza de la presunción de inocencia; sin embargo, de acuerdo con los principios de Morena de “no mentir, no robar y no traicionar”, debe ser una prioridad para las autoridades correspondientes dar puntual seguimiento al tema y aplicar la ley.
Ante actos sospechosos, debe haber transparencia y denuncia, de lo contrario se vuelve un caso más en el que la impunidad reinará por siempre.
Tal y como lo señaló el gobernador Alejandro Armenta, la militancia en un partido no es un pasaporte a la corrupción.
Dicho esto, no debe olvidarse que en redes sociales hace unos años, la madre de la hoy integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena publicó una fotografía en la que posó con un arma de alto poder. (una AR-15). Situación que no debe pasarse por alto.
Desafortunadamente los presidentes municipales tienen un perfil que poco difiere: la mayoría defiende el federalismo cuando se trata de legitimar actos cargados de soberbia o autoritarismo y comulgan con el paternalismo cuando es época electoral o se trata de gestionar recursos que les de poder económico y por desgracia no siempre se utiliza para beneficio social.
El poder político de los ediles se ha vuelto un modus vivendi para caciques y familias que se enquistan en el ámbito público en busca protección y relaciones que los apoyen en actos poco transparentes.
Su cercanía con la gente, que pese a lo casi siempre malo que se sabe de ellos en su pueblo, no dejan de apoyar el liderazgo que muchos mantienen por décadas.
Por todo ello, es indispensable, urgente y digno de un buen gobierno, fortalecer la rendición de cuentas, las instituciones y los contrapesos políticos, pero también fomentar las contralorías sociales a las que se les otorgue de un verdadero respaldo. De lo contrario, el sistema de gobierno cada vez será más vulnerable y fuera de control, en el que la impunidad seguirá reinando.
X @maruora7
