En Puebla los colectivos acusan que la FGE frena denuncias por violencia vicaria; disuade a las víctimas y abogados.
A año y medio de entrar en vigor la Ley Contra la Violencia Vicaria en Puebla, organizaciones, agrupaciones de mujeres y víctimas y colectivos acusaron que en la Fiscalía General del Estado existe un sistemático rechazo y freno para recibir las denuncias del delito cometido por padres que usan a sus hijos para causar daño a su pareja; o que sustraen, prohíben, retienen o restringen la convivencia de la madre con los menores.
Luz Arredondo, representante en Puebla del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV) asegura que el 98 por ciento de las madres que conforman la organización se les ha impedido contar con una carpeta de investigación por este delito.
De acuerdo con respuestas a solicitudes de transparencia, desde el mes de agosto de 2022 (fecha de la vigencia de la Ley) solo 14 carpetas de investigación han sido iniciadas por la FGE. Actualmente, el 40 por ciento de las carpetas siguen “en trámite”.
Integrantes de las organizaciones ‘Frente Nacional contra la Violencia Vicaria’ ‘Madres Viviendo Violencia Vicaria, Sororas Mujeres en Desarrollo’, ‘Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia’, el Frente Poblano de Mujeres contra los Deudores Alimentarios o víctimas de violencia familiar revelan que personal de la FGE o en los juzgados en materia familiar se desalienta esta nueva ley en las denuncias: “su caso se va a complicar más”, “esto entorpecerá todo el proceso”, “no va a operar”, “esta ley no funciona, sólo estanca las denuncias” son las frases disuasivas usadas.
Tanto abogados privados como litigantes de organizaciones, ignoran la legislación y siguen aconsejando a sus clientes interponer denuncias por “sustracción de menores” o “violencia familiar” sin recurrir a la nueva Ley Contra Violencia Vicaria que reconoce esta violencia como un delito de género agravante en las otras violencias, incrementando la pena hasta un tercio mayor al aplicado en otros delitos.
Mujeres que viven violencia vicaria
Representantes de colectivos aseguran que la negativa de fiscalía y juzgado para reconocer el delito de violencia vicaria invisibiliza la cifra de madres que son violentadas por su pareja que utiliza a sus hijos para causarle daño, al maltratarlos, descuidarlos o prohibiendo su cercanía o convivencia, sin embargo, la estadística empieza a construirse desde organizaciones que emergieron desde que entró en vigencia la ley.
El Frente Nacional Mujeres (FNM) en Puebla tiene 35 integrantes que viven violencia vicaria, de acuerdo con las estimaciones que proporcionó Luz Arredondo. La representante de este colectivo reveló que al menos 5 madres por semana se contactan en redes sociales y por teléfono buscando asesoría.
Raquel Carrera Sánchez, fundadora de Sororas Mujeres en Desarrollo (organización especializada que acompaña los casos de violencias contra las mujeres) aseguró que su organización atiende al menos 2 a 3 orientaciones diarias de mujeres que viven violencia familiar, la mayoría con violencia vicaria aunque no le reconocen como tal.
A la fecha existen en Puebla al menos cinco organizaciones de mujeres ‘Madres Sobreviviendo Violencia Vicaria’, ‘Colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria’ (antes Camcai), ‘El Colectivo Amorosas Madres en Contra de la Violencia Vicaria’, en promedio con más de 20 integrantes cada una.
Hay ley, pero todo nos corre en contra
“Hay ley, pero todo nos corre en contra”, señaló Luz Arredondo quien reveló que al interior del estado es aún más difícil acceder a una carpeta de investigación. Reveló que en Huauchinango tuvo que asistir una regidora de género para garantizar que la denuncia fuera aceptada, pues el ministerio público se negaba a consignar el caso.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud 210421523001171 de las 14 averiguaciones abiertas en la FGE, 9 pertenecen a Puebla capital, 2 a San Andrés Cholula, 1 a San Pedro Cholula, Tepeaca, San Martín Texmelucan y Huauchinango.
Aunque la Ley Contra la Violencia Vicaria entró en vigor en agosto de 2022 fue hasta noviembre de ese año que cuatro carpetas de investigación se iniciaron por el delito. Hasta septiembre de 2023 se habrían abierto 10 carpetas más.
En total, 9 casos han llegado a juzgados, en 4 se ordenó “ejercicio de acción penal”, 5 carpetas se han “judicializado” y el resto está “en trámite”
Un Poder Judicial sin perspectiva de género y de derecho a la niñez
Testimonios de víctimas refieren que la denuncia por violencia vicaria llegue a juzgados familiares y de oralidad no es garantía de acceso directo a la justicia, representa para muchas mujeres otra serie de obstáculos a vencer pues aún hay una resistencia para reconocer esta violencia y juzgar con perspectiva de género y de derecho de infancia y adolescencia.
Arredondo que ha enfrentado un arduo proceso legal, denunció haber sido violentada institucionalmente. Denunció que su ex pareja que sustrajo al menor de su hogar a hurtadillas y tramitó a su espalda un juicio en su contra, le fue otorgada la guardia del menor. El juzgado, luego de intensas movilizaciones, le permitió a Luz tener convivencia con el menor cada semana, pero recientemente el juez Julio Vargas Domínguez le quitó días de convivencia con su hijo, porque su padre justificó que “el niño iba a clases de futbol”, por lo que las visitas se difirieron a cada 15 días.
Al menos ocho madres tres integrantes del Frente y cinco de otras colectivas– han documentado violencia institucional de parte de este mismo juez acusado de “dilación procesal” entre otros señalamientos.
Con información de La Jornada de Oriente.
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