El Senado de Brasil aprobó este miércoles la ley conocida como “ECA Digital” o proyecto contra la “adultización” de menores en redes sociales, tras haber sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados en una señal unánime del avance legislativo en protección infantil.
Esta iniciativa en Brasil responde a una creciente preocupación pública tras la difusión de un video del influencer Felipe “Felca” Brassanim Pereira, quien denunció la exposición indebida de menores en plataformas digitales.
El proyecto incorpora el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) al entorno virtual, en consonancia con la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.
La nueva ley impone obligaciones clave a las plataformas digitales: las cuentas de menores de 16 años deberán estar vinculadas a las de un padre o tutor, quien podrá configurar privacidad y supervisar interacciones.
Además, se exige una verificación de edad robusta más allá de la autodeclaración, controles parentales predeterminados y la obligación de filtrar contenidos nocivos como pornografía, violencia, ideación suicida, trastornos alimentarios, apuestas, alcohol y tabaco.
Se prohíben mecanismos de consumo compulsivo como reproducción automática o notificaciones constantes.
Las plataformas deberán también retirar contenido de explotación infantil, y denunciar esos casos a las autoridades competentes. Se prevé la creación de un organismo administrativo autónomo que supervise el cumplimiento.
Las sanciones van desde multas de hasta 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensión o incluso prohibición de operar en Brasil.
Una disposición revisada tras críticas permite que la eliminación inmediata solo proceda si la denuncia proviene de la víctima, sus tutores, el Ministerio Público o entidades de protección, para balancear la defensa de la niñez con la libertad de expresión.
Este desarrollo se inscribe en un contexto más amplio de regulación digital en Brasil, donde la Corte Suprema ya determinó la responsabilidad directa de las plataformas por contenidos ilícitos, ampliando su deber de intervención proactiva sin orden judicial previa.
La ley entrará en vigor dentro de un año, y tendrá su último paso con la firma del presidente Lula.
Representa un paso concreto hacia el fortalecimiento de una protección digital centrada en el bienestar de los menores, reconociendo que la infancia requiere salvaguardas específicas en el mundo virtual.
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