En la primera entrega abordamos la posibilidad de las poblaciones indígenas para logar auto-gobiernos, -concepto que no es nuevo porque la propia Constitución lo contempla-; sin embargo, uno de los mayores obstáculos que enfrentan las comunidades y pueblos originarios es una adecuada administración de sus recursos y crear un sistema jurídico social en el que se les reconozca plenamente sus derechos.
Aquí cabría esta reflexión: …el enfoque está en el problema de la administración directa de los recursos públicos; sin embargo, se reconoce que hay otras problemáticas que también son del interés directo de las comunidades como colectivo, pero su vínculo con la faceta electoral del derecho de autogobierno es bastante débil como para asumirlos en la jurisdicción electoral. Por tanto, se litigan, hasta ahora, vía amparo con las limitantes que esto conlleva, como las demandas individuales, la rigidez procesal y el catálogo reducido de reparaciones a su disposición. También se analiza la naturaleza electoral del derecho de autogobierno y de sus principales componentes, la pertinencia de que sean judicializados en el Tribunal Electoral, además de las limitantes que existen para que las comunidades demanden el cumplimiento de esta faceta del autogobierno vía controversias constitucionales. https://www.te.gob.mx/editorial_service/media/pdf/171220241652091223.pdf
Así, las figuras del amparo y la controversia constitucional, son las herramientas legales para que tanto los pueblos originarios, como las autoridades -que se oponen a que éstos administren sus propios recursos- diriman sus posturas a través de la vía legal. Esta es una de varias problemáticas que enfrentan las comunidades y los desafíos a partir de las luchas sociales iniciadas por las comunidades indígenas.
Un ejemplo en Puebla, lo constituyen los pueblos originarios pertenecientes a San Andrés Cholula cuya presidenta municipal, Guadalupe Cuautle Torres a través de su Cabildo, echó para abajo el trabajo de 8 años para que no se implementara el Plan Municipal de Desarrollo del 2019, situación que fue revertida mediante la resistencia de las comunidades indígenas de ese municipio, quienes han acrecentado su lucha interponiendo seis amparos para frenar la expansión inmobiliaria en su territorio que es uno de los de mayor crecimiento.
Otra situación, es que la gente se enfrenta a cacicazgos que han gobernado y mantenido el control político y económico por décadas en territorios que abarcan población indígena a través de gobiernos municipales, varios de ellos, se dice, coludidos con grupos del crimen organizado, mismos que se oponen a los autogobiernos porque su poder se vería menoscabado.
A su vez, existen ciertos avances en la gestión y administración de recursos propios, ya que, en 2025, el gobierno federal creó el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afro-mexicanos (FAISPIAM). Este fondo creado apenas en febrero del año pasado, destinó 12 mil 374 millones de pesos, (significa el 10% de los recursos destinados por la federación en los otros niveles de gobierno) para más de 15 mil comunidades; son recursos que no pasan por los gobiernos estatales, los entrega directamente la tesorería de la federación, la condición es que solo deben invertirse en agua potable, letrinas, infraestructura básica etc., para población en pobreza y pobreza extrema.
Me parece que dicha decisión, se debe a esa inercia de las comunidades para consolidar sus propios autogobiernos, empero, finalmente es una evolución.
Obviamente dichos recursos no son suficientes por lo que no dan una solución de fondo a los problemas que viven las comunidades, como el saqueo de sus recursos naturales; la inseguridad y los problemas de pobreza y desplazamiento de territorios.
En lo que hace al estado de Puebla, hablamos de 880 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas identificadas con base en sus principales instituciones políticas, jurídicas, territoriales, económicas, sociales y culturales, reconocidas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica propia.
Si tomamos en cuenta, lo anterior, quienes se oponen tácitamente a que las poblaciones indígenas tengan mayor poder, se les olvidó muy pronto, que fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien politizó a la gente, a las comunidades y fue él quien fomentó desde el entonces de Instituto Nacional Indigenista, el empoderamiento de ese sector de la población, de tal forma, que ahora es muy difícil que las personas, por muy remoto que sea su hogar, se mantenga al margen de lo que sucede con las acciones de gobierno y están conscientes del poder que podrían desplegar en sus comunidades.
En esta coyuntura histórica, un marxista creador de la Nueva Escuela Mexicana, Marx Arriaga, quien está en contra de que a través de la educación se continúe el adoctrinamiento para que las nuevas generaciones sean dóciles, sin poder de crítica y protesta al sistema, lanzó recientemente el planteamiento de que en la situación actual del país los gobiernos y los empresarios, “tienen miedo de ejercer el poder”.
Tal vez esta reflexión habría que tomarla con ciertas reservas, pero lo cierto es, que el exdirector de contenidos de la SEP Federal, está abriendo un nuevo debate en el que sin duda recaen muchos movimientos sociales, ya lo vimos recientemente con la CNTE nacional, los campesinos y las escuelas rurales, grupos que se manifiestan sin ningún temor. Ojalá que en el futuro inmediato surjan operadores institucionales, líderes sociales y activistas que puedan mediar y consensar intereses, para no cargarse de un lado ni del otro y caer en el radicalismo. Esta sería la nueva encomienda para quienes verdaderamente deseen lo mejor para México, un país que milenariamente ha sido agraviado por potencias extranjeras y por intereses de grupos internos de derecha.
X marumora7
