Alerta por censura digital, pese a las advertencias sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y una sugerencia directa de la presidenta Claudia Sheinbaum para corregir la redacción de la iniciativa, el Senado aprobó en fast track y sin cambios una polémica reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que abre la puerta al bloqueo de plataformas digitales y al control centralizado de los medios y servicios de comunicación.
¿Qué se aprobó?
Con 29 votos a favor y 9 en contra, las comisiones unidas del Senado —Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos— dieron luz verde a un dictamen de 226 páginas y 286 artículos que fue publicado la noche anterior y sometido a votación en menos de 12 horas. La oposición denunció un «albazo legislativo» y acusó que muchos legisladores oficialistas ni siquiera leyeron el documento completo.
El punto más criticado es el artículo 109, que permite que autoridades soliciten a una nueva entidad —la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, subordinada al Ejecutivo— el bloqueo temporal de plataformas digitales por supuestos incumplimientos legales. Aunque el gobierno ha negado que esto implique censura, la redacción ambigua del artículo ha despertado alertas por posible control de contenidos y limitaciones a la libertad digital.
Reacciones y preocupaciones
Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su preocupación por el riesgo de censura institucionalizada, la concentración de poder en el Ejecutivo y la eliminación de órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
“Esto no es una nueva ley de telecomunicaciones, es una ley censura”, afirmó Ricardo Anaya, coordinador del PAN, quien también criticó que se incluyera el uso obligatorio del “lenguaje correcto”, declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2020.
La senadora Alejandra Barrales (MC) alertó que la reforma golpea al sector de telecomunicaciones y centraliza decisiones clave en la Presidencia. La incertidumbre, advirtió, podría afectar económicamente a una industria que aporta 475 mil millones de pesos al PIB nacional, equivalente al 1.6 %.
Por su parte, Carolina Viggiano, del PRI, señaló que esta ley permite al gobierno decidir bajo criterios vagos qué se puede o no difundir en radio, televisión e internet, lo cual podría justificar el espionaje o el silenciamiento masivo.
¿Qué dice el gobierno?
Desde el oficialismo, se insiste en que la ley busca proteger a la sociedad y garantizar el respeto a los derechos humanos. La senadora Lizeth Sánchez (PT) llamó a los medios y ciudadanos a “cuidar lo que decimos y compartimos”. En la misma línea, el senador Aníbal Ostoa (Morena) defendió la iniciativa apelando a la “soberanía nacional” y al combate de la manipulación mediática.
Incluso la presidenta Sheinbaum intentó calmar los ánimos horas antes de la votación, al reconocer que el artículo 109 debía corregirse, pues podría prestarse a malas interpretaciones. Aclaró que la intención no es censurar, sino permitir sanciones por faltas como evasión fiscal o problemas de seguridad, pero su propuesta no fue atendida.
¿Qué hace la nueva Agencia?
La ley otorga 66 atribuciones a la nueva Agencia de Transformación Digital, que ahora concentrará tareas que antes estaban distribuidas entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y el desaparecido IFT. Esta agencia será responsable de:
- Regular el espectro radioeléctrico y redes de telecomunicaciones
- Otorgar, revocar o modificar concesiones
- Definir políticas de cobertura universal
- Emitir lineamientos técnicos y normativos
- Coordinar el registro de usuarios de servicios móviles, una base de datos que podrá ser consultada por autoridades de seguridad
¿Qué sigue?
El dictamen ya recibió primera lectura en el pleno del Senado, y se prevé que sea votado el lunes 28 de abril. Como no implica una reforma constitucional, basta con la mayoría simple de legisladores presentes para que sea aprobada.
Organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y expertos en derechos digitales han comenzado a movilizarse para frenar la aprobación definitiva. Señalan que el control de la narrativa pública en manos del gobierno es una característica de regímenes autoritarios y podría tener consecuencias graves para la democracia mexicana.
