México está lejos de garantizar condiciones mínimas de seguridad necesarias para hacer frente a la emergencia sanitaria que se vive en los centros de reclusión, coincidieron expertos en la mesa ‘Las cárceles: una bomba de tiempo en la contingencia’, organizada por Causa en Común.
El abandono histórico del sistema penitenciario del país por parte del Estado hace más complicado enfrentar adecuadamente la presencia del coronavirus en estos sitios, consideró María Elena Morera, presidenta de la organización ciudadana.
“El hacinamiento y la sobrepoblación que se vive en muchos centros penitenciaros, incrementan la probabilidad de un contagio masivo de personas internas y personal de seguridad”, expuso Morera.
Señaló que la emergencia sanitaria se agrava por la carencia de higiene en las cárceles, así como la poca capacidad para la atención de las personas infectadas, lo que podría provocar que “los internos inicien riñas ante la carencia de servicios médicos y de material de protección, situación que podría terminar en la muerte y contagio de más personas”.
En su intervención, Saskia Niño de Rivera, Directora General de Reinserta AC, indicó que controlar esta pandemia en las cárceles es complicado porque en muchas de ellas, sobre todo las estatales, “reina la ingobernabilidad y la corrupción”.
Dijo que reducir la visita de familiares a los internos no ha sido fácil de operar, ya que se han registrado casos en los que “son los mismos custodios los que se han mostrado inconformes, porque dejarían de recibir cuotas que se les pagan por cada visita”, en un contexto donde “tienen sueldos de 8 mil pesos al mes”.
Para Eduardo Guerrero Durán, asesor en materia penitenciaria, el abandono en los centros de reclusión existe porque a nadie les importa. Alertó que la autoridad volteará a ver las prisiones cuando suceda algo como en Estados Unidos, con cárceles repletas de contagiados por COVID-19, o cuando ocurra algo similar a lo que pasó en Brasil, con fugas de reos.
Ana Pecova, Directora Ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres, pidió mirar al pasado para entender la crisis penitenciaria que se vive hoy. Indicó que es a partir de 2007, con el inicio de la lucha contra las drogas, lo que provocó un mayor encarcelamiento entre la población femenina. Comentó que los delitos que más tienen en las cárceles a las mujeres, como lo son contra la salud y el robo sin violencia, “responden más a carencias económicas, de educación, e incluso a que fungen solamente como acompañamiento de algún hombre, y la justicia no toma en cuenta estas situaciones”.
Ley de Amnistía.
Respecto a la Ley de Amnistía, Apolonio Armenta, titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila, puntualizó que ésta no nació para atender la pandemia, por lo que no sirve para nada: hay otras medidas más efectivas como lo puede ser “la Ley Nacional de Ejecuciones Penales, la cual establece preliberaciones”.
Eduardo Guerrero refirió que esta Ley no funciona, “pareciera que solo se están administrando errores, la solución es transformar los sistemas penitenciarios desde el fondo”.
Para Pecova, juzgar a la Ley de Amnistía desde el coronavirus le parece injusto porque no nació en este contexto, y tiene la virtud de que el tema se pone a discusión en todo el país, para traducirla a nivel local: “las prisiones se han llenado con personas que no deberían estar recluidas”, señaló.
Por su parte, María Elena Morera consideró que la aprobación de esta Ley propone la liberación de sentenciados sólo por algunos delitos, y cuyos procesos “podrían tardar entre dos y seis meses, volviéndola una medida sin utilidad para el propósito de combatir la pandemia”.
Explicó que dicha Ley sólo aplica para los reos en centros penitenciarios federales y no para los recluidos en los estatales, donde se concentra la mayor población de personas privadas de la libertad y en las que predominan las condiciones de sobrepoblación o hacinamiento.
Por último, María Elena Morera expuso tres propuestas en materia penitenciaria:
En el corto plazo, implementar medidas que tengan un impacto inmediato en la seguridad y salud tanto de reos como de custodios. Esto incluye la limpieza y desinfección de todos los centros penitenciarios federales y estatales, y la dotación de materiales de protección a presos y personal de seguridad.
Considerar el indulto como un mecanismo para acelerar el proceso de salida de los internos.
Para el largo plazo, diseñar un proyecto de rescate y desarrollo penitenciario a nivel federal y en las entidades federativas. Este plan deberá incluir la ampliación o construcción de centros penitenciarios; el mejoramiento de instalaciones; planes de capacitación para personal de seguridad y de custodios; mejoramiento de las condiciones de higiene y de salud; y la creación e implementación de programas de prevención de adicciones, así como de programas de reinserción social.
La mesa de análisis forma parte del ciclo de conferencias “Violencia, Seguridad y Derechos Humanos ante el Covid-19 en México”, que cada miércoles organiza Causa en Común.
