La publicación del paquete fiscal y del presupuesto de egresos de la federación para 2020 ha implicado, entre otros aspectos, recortes en varios rubros de gasto federal, cuyos menores montos significan patrones de inversión reducidos en los estados del país, así como ajustes en otras partidas, como en las participaciones en ingresos federales que reciben las entidades federativas y, a través de éstas, los municipios del país.
Como resultado de la actual situación de estancamiento económico y el debilitamiento de las haciendas públicas locales, se ha desatado por parte de los gobernadores una intensa crítica que han llevado a proponer, incluso, una descoordinación fiscal que significaría la cancelación del actual convenio de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal (SNCF), el cual fue suscrito por todas las entidades federativas hacia finales de los años setenta del siglo pasado.
Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro y presidente actual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), manifestó que a fin de obtener un reparto más equitativo de recursos federales y canalizar el descontento entre los mandatarios estatales, se estaría proponiendo una convención hacendaria para analizar y proponer una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal.
Por su parte, Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua y uno de los ejecutivos estatales más aguerrido en esta materia, ha señalado de manera reiterada que habría de revisarse la actual fórmula de distribución de participaciones y su integración con respecto a la recaudación federal participable (monto de ingresos federales que sirve de base para calcular y distribuir el porcentaje de participaciones que corresponde a las entidades federativas).
Además, insiste en que el convenio de adhesión al SNCF está desfasado, pues no cumple los objetivos del acuerdo entre la federación y los estados, porque “no se ha actualizado” respecto a temas de gasto como educación y salud y “ni siquiera cubre el costo del dinero que es propiamente la inflación”.
Los puntos anteriores llevan al gobernador Corral a cuestionar qué tanto interés tiene el gobierno federal en los estados, en el federalismo, y si se trata de un desdén o más bien es reflejo de la estructura actual del pacto fiscal, que obliga a buscar dinero en las autoridades federales.
Para varios gobernadores el actual sistema de reparto de los ingresos federales hacia las entidades es, por un lado, inequitativo, lo que quiere decir que no se incentiva a aquellas regiones con menores niveles de desarrollo relativo, así como injusto, lo que se traduce en que la distribución del ingreso fiscal y su fórmula ya no responde al grado de productividad fiscal que representa cada estado y municipio.
Se necesitaría, de este modo, una reforma profunda que, a través del sistema de coordinación fiscal:
a) mejore los actuales niveles de inequidad regional que se presentan en el país, sobre todo entre el norte, el centro y el sur, tanto en materia de ingresos como en el ámbito del gato, y
b) regule de mejor manera los esquemas de resarcimiento de los ingresos fiscales que las entidades y los municipios dejaron de percibir cuando se incorporaron al sistema nacional de coordinación fiscal, al dejar en suspenso o derogar impuestos y derechos locales a las ventas, para que así, de este modo, pudiera el gobierno federal dar vigencia al actual impuesto al valor agregado (IVA) que se cobra en el país como un único impuesto general a las ventas, impidiendo con ello la presencia de lo que se conoce como doble o múltiple tributación interior.
No cabe duda que de las reuniones de gobernadores saldrá una propuesta para revisar y modificar las actuales bases del sistema de coordinación fiscal, la cual deberá ser integral y regional para que tenga efectos en todo el espacio coordinado hacendario nacional, comenzando con cuáles potestades de gasto deben mantenerse en el gobierno federal y cuáles pueden ser de responsabilidad local, y a partir de ahí medir el impacto fiscal que ello representa, las fórmulas que mejor distribución impliquen y su impacto en la deuda.
El pacto fiscal federal y sus bases, instrumentos y fórmulas, con la difícil situación económica del país, estará de nuevo en la agenda nacional y representará un lugar de participación e instancia de decisión de entidades y municipios. Esperemos que de estos encuentros y de las convenciones nacionales que se efectúen entre las autoridades hacendarias, resulten beneficiados, sobre todo y en primer lugar, los contribuyentes, a través de un sistema de recaudación más justo y equitativo, más progresivo, más simple y ajustado a sus condiciones económicas, que permita, por otro lado, mejorar su posición como objetivos del gasto público, como beneficiarios de los patrones de gasto, lo que se traduzca en mejores condiciones de crecimiento y desarrollo.
