Ante los efectos de la pandemia de la covid-19, los menores de edad están enfrentando múltiples complicaciones y 63 por ciento de ellos viven en familias con carencias, problema que se agudiza entre la niñez de poblaciones indígenas.
De acuerdo con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, 88 por ciento de los menores en poblaciones indígenas enfrentan rezago y ciclos de pobreza que se perpetúan con los años.
“Las infancias representan un presente amplio y diverso: una de cada tres personas en nuestro país es menor de edad. Serán más de 38 millones de infantes, 19.6 millones de varones y 18.4 millones de mujeres, quienes conmemorarán el Día Internacional del Niño y la Niña en una época en la que un virus los exilió de salones y patios de juego”, destaca el análisis del Idhie de la Ibereo Puebla.
De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 25.7 millones de personas se autoadscriben como indígenas; es decir, uno de cada diez mexicanos viven en hogares indígenas.
“Si bien los derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas son los mismos que los del resto de las infancias, las múltiples vulnerabilidades que atraviesan sus vidas obligan a que existan esfuerzos jurídicos diferenciados”, agrega el análisis.
Durante la primera Semana de los derechos de la niñez, organizada por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla, en colaboración con la Ibero Puebla, Mónica Lara Pérez, especialista en el delito de trata de personas por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), comentó que las vulnerabilidades impactan de manera diferenciada a las niñas, quienes ven limitado su desarrollo al recibir imposiciones de labores domésticas y de cuidado.
Agregó que el matrimonio infantil continúa como una de las mayores preocupaciones a nivel internacional, donde se pone en riesgo la salud física, sexual y psicoemocional de las menores.
Lara Pérez resaltó que, a través de la Agenda 2030, la ONU pone al centro a las infancias como agentes de cambio en cuestiones medioambientales y de paridad de género, ante lo cual, el reto es reducir a la mitad los indicadores de pobreza, disminuir la mortalidad infantil en menores de cinco años y que todas las niñas y niños puedan concluir la educación primaria.
Por su parte, Saraí Santiago Rodríguez, directora de Educación Indígena de la SEP Puebla, aseguró que las infancias indígenas tienen acceso a espacios de libertad y entendimiento, donde se estimula el respeto entre padres e hijos y la defensa de la naturaleza.
“Cuando encuentren a un niño indígena, respétenlo y aprécienlo porque es un ser valioso”, exhortó la funcionaria.
En tanto, Tania Sabugal Torres, especialista en docencia, resaltó que los derechos de las infancias fueron reconocidos de manera internacional en 1989 en la Convención sobre los Derechos del Niño impulsada por la ONU.
“El texto establece la obligatoriedad y la responsabilidad compartida para el cumplimiento de estas garantías para los 195 países inscritos. Los derechos de la niñez se rigen bajo cuatro principios fundamentales. El interés superior, seguridad, identidad, entorno familiar sano, educación, que contempla la protección de su integridad; la no discriminación, facultad llave para tener acceso a otras garantías; la participación y consideración activa de la misma, y el desarrollo personal en plenitud y dignidad”, comentó.
