En opinión de Federico Berrueto, la situación de Nuevo León es preocupante a la vista de la competencia nacional por el poder; que situaciones de fuerza se impongan sobre la razón legal.
Las noticias de Nuevo León no son halagüeñas. La violencia política se había despejado del horizonte desde generaciones atrás, ahora amenaza hacerse presente. El secretario de Gobierno, Javier Navarro, dice que empleará la fuerza pública para impedir que asuma el poder el gobernador designado por el Congreso local si no es de la satisfacción del grupo gobernante. La Constitución del Estado es clara respecto a las atribuciones del órgano legislativo para designar gobernador en caso de falta del mandatario constitucional por más de un mes. Así lo han señalado la Corte y el Tribunal Electoral. La alusión al consenso como acuerdo unánime carece de base legal, y significaría concederle veto a un solo diputado haciendo intransitable el acuerdo.
El presidente López Obrador complica la solución porque ha contribuido al problema, ha alentado la confrontación al brindar su apoyo público a un mandatario sin sentido de los límites, engallado con el respaldo de palacio nacional. La falta de diálogo y entendimiento conduce a la violencia, peligrosa secuela de los tiempos que se viven y no sólo en dicho estado.
Por todos los medios el gobernador Samuel García ha intentado someter a los legisladores locales, incluso la intimidación y el uso faccioso de los recursos de gobierno. Es previsible que la mayoría del Congreso designe un gobernador que no sea a modo de quien decidió abandonar el cargo en búsqueda de la candidatura presidencial. No es la primera vez que allí y en otros estados se presenta situación semejante. El gobierno federal siempre había actuado para mediar y lograr el acuerdo, arreglo que hoy se complica por la parcialidad del presidente.
Debe quedar claro que el diferendo no es un tema político, sino de estricta legalidad, de constitucionalidad. No se trata de que MC postule al gobernador García, de si éste debe tener una postura opositora y no de comparsa del oficialismo, o de si los legisladores locales no corresponden a las expectativas de unos u otros; consecuentemente, si el gobernador interino es de una filia partidista o postura de grupo. Se trata de salvaguardar las atribuciones constitucionales que corresponden al Congreso local y, por lo mismo, respetar y hacer respetar sus resoluciones, agraden o no.
La polarización política y la partidización del gobierno nacional se vuelve el problema mayor para lograr una salida política razonable a las partes. Por la vía del litigio Inevitablemente habrá un perdedor; sin embargo, se trata de respetar la Constitución, que faculta a la mayoría en el Congreso a resolver en libertad. López Obrador es azuzador del conflicto y ahora, un estado a la vanguardia de la modernidad económica y que siempre ha resuelto la competencia por el poder en términos de legalidad y civilidad ejemplar, transita al peligro de la violencia política.
La situación es preocupante a la vista de la competencia nacional por el poder; que situaciones de fuerza se impongan sobre la razón legal. Las instancias judiciales son la base para dar salida al conflicto y, por lo mismo, deben ser respetadas y cumplidas. ¿Qué se puede esperar si el mismo presidente pone entredicho no sólo la legalidad, sino las decisiones del Poder Judicial? La Secretaría de Gobernación que actúa ante este tipo de asuntos con sentido de mediación ha sido anulada por la parcialidad de su titular. El presidente no tiene quien opere estas soluciones porque todo en su entorno suscribe la intransigencia propia de la lógica de guerra.
Se requiere de mediación, un acercamiento entre partes en extremos que complican la conciliación y el acercamiento de posturas. Siempre la solución es posible en la medida en que los factores que influyen jueguen su parte para el entendimiento, no para el conflicto. Lo que ocurra servirá para prever qué viene para la elección presidencial. Hasta hoy la postura presidencial ha prevalecido. Es hora de que todos contribuyan a que ninguna causa es válida ni tolerable si compromete la paz social, la legalidad y el acuerdo.
