El presidente Donald Trump firmó una polémica orden ejecutiva que busca prohibir la quema de la bandera estadounidense.
La directriz emitida por Trump ordena al Departamento de Justicia (DOJ) investigar y procesar a quien queme la bandera, estipulando una sanción de hasta un año de prisión sin posibilidad de liberación anticipada.
Además, se instruye al fiscal general, Pam Bondi, a cuestionar la emblemática decisión de la Corte Suprema en Texas vs. Johnson (1989), que estableció que este acto está protegido por la Primera Enmienda.
La orden abarca también consecuencias migratorias: los extranjeros que participen en la quema podrían enfrentar revocación de visas, permisos de residencia o incluso deportación.
Según la Casa Blanca, estos actos “incitan a la violencia y representan una amenaza al orden público”
La reacción de defensores de los derechos civiles y varios expertos legales fue inmediata y dura: califican la orden como una amenaza directa a la libertad de expresión.
Subrayan que la prohibición de quemar la bandera como forma de protesta está claramente respaldada en precedentes judiciales: Texas vs. Johnson (1989) y U.S. vs. Eichman (1990) lo avalan como discurso simbólico protegido..
Entre quienes critican la medida está incluso Jay Carey, veterano del Ejército, arrestado tras quemar una bandera frente a la Casa Blanca como acto de protesta. Aunque fue detenido por encender fuego en un parque federal, aseguró que su acción era un ejercicio de libertad de expresión frente a la orden inconstitucional.
Este acto del presidente ha generado tensiones en su partido: mientras algunos lo aplauden como patriótico, otros lo condenan por violar derechos constitucionales básicos New York PostThe Daily Beast.
En síntesis, la orden ejecutiva de Trump desafía un pilar de la jurisprudencia estadounidense sobre libertad de expresión, poniendo en el centro la tensión entre seguridad nacional, símbolos patrios y derechos fundamentales.
Su legalidad será, sin duda, el eje de futuras disputas judiciales.
