Estados Unidos intensifica restricciones, Trump cancela visas a gobernadores, artistas y políticos mexicanos por presuntos nexos criminales, aquí te contamos las causas, consecuencias y posibles afectados.
En los primeros meses de 2025, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado las restricciones de visado a políticos y funcionarios mexicanos, en el marco de una política más agresiva contra la migración ilegal y el crimen organizado.
Funcionarios y artistas mexicanos con visas revocadas
Uno de los casos más destacados es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres, quienes fueron notificados de la cancelación de sus visas estadounidenses. Aunque no se ha proporcionado una explicación oficial, medios locales sugieren posibles investigaciones por vínculos con el crimen organizado.
La gobernadora del Estado mexicano de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya confirmó que a ella y a su esposo, un exdiputado, se les revocaron las visas estadounidenses debido a “una situación” relacionada con su cónyuge, dijo en una rueda de prensa el lunes. Sheinbaum afirmó que su Gobierno solicitó a las autoridades estadounidenses una explicación sobre la revocación de la visa de Ávila, pero que le respondieron que son temas privados y no ofrecieron más información.
Además, el cantante Julión Álvarez canceló un concierto en Texas tras la revocación de su visa, en medio de una renovada ofensiva contra artistas mexicanos con presuntos vínculos con el narcotráfico. Álvarez expresó su pesar por la cancelación y aseguró que su equipo está trabajando para resolver la situación.
Otro caso reciente es el de la banda «Los Alegres del Barranco», cuyas visas fueron revocadas después de proyectar la imagen de un líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación durante un concierto en Jalisco. El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, confirmó la medida, señalando que no se permitirá la entrada a quienes «ensalzan a criminales y terroristas».
Causas y consecuencias
Las revocaciones de visas se enmarcan en una política anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, que busca restringir el acceso a Estados Unidos a funcionarios extranjeros que «faciliten deliberadamente la migración ilegal». Esta medida también afecta a familiares de los funcionarios señalados.
Las consecuencias de estas acciones incluyen tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, así como un impacto en la imagen pública de los funcionarios afectados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha exigido explicaciones formales al gobierno estadounidense por estas decisiones.
Además, estas medidas han tenido un efecto en la conectividad aérea entre ambos países, con una reducción en la demanda de vuelos y la cancelación de rutas por parte de aerolíneas estadounidenses.
Funcionarios en riesgo de perder la visa
Además de los casos mencionados, existen informes de que Estados Unidos podría estar considerando acciones similares contra otros políticos mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Según reportes, la administración Trump ha sugerido la posibilidad de investigar a políticos mexicanos en el contexto de la crisis por consumo y tráfico de fentanilo.
En este contexto se ha especulado con la lista de mexicanos que pueden ser objeto de restricciones de visa por parte de EE UU incluye a líderes del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores estatales y exministros del gabinete.
Medios mexicanos reportaron que las autoridades migratorias de Estados Unidos también revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, una afirmación que su portavoz calificó como “no confirmada”. (Villarreal ha sido acusado en repetidas ocasiones de tener vínculos con el narcotráfico, algo que ha negado). El mes pasado, al alcalde de Matamoros, la segunda ciudad más grande de ese estado fronterizo, se le impidió cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, aunque él también negó que le quitaran oficialmente su visa.
Funcionarios como el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, han sido instruidos para estar preparados ante posibles deportaciones masivas y restricciones adicionales.
Funcionarios estadounidenses afirmaron que estas medidas se están tomando bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que estipula que un extranjero puede ser considerado inadmisible si el Gobierno “sabe o tiene razones para creer” que ha colaborado intencionalmente en el tráfico ilícito de drogas. La ley también permite cancelar las visas de familiares del sancionado que se hayan beneficiado de las ganancias ilícitas.
Este panorama refleja una creciente tensión en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, con implicaciones significativas para la política interna y externa de ambos países.
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