Dicen los que saben que por la irresponsabilidad de los concesionarios del transporte público hay falta de unidades. Situación que se ha vuelto el pan de cada día.
Es que muchos concesionarios no pasaron la revista vehicular. Reprobaron. Como diría mi abuelita: por incumplidos.
Ahí están las fechas: del 1 de julio al 30 de noviembre de 2025.
Cinco meses.
Ciento cincuenta días.
Tiempo suficiente para ordenar papeles, afinar motores y cumplir la ley.
Pero fieles a la tradición nacional del “mañana lo veo”, lo dejaron al último. Y el último los dejó fuera.
Dicen los que Saben que nadie se haga el sorprendido.
El problema no nació ayer. Viene rodando —y rechinando— desde hace más de 20 años.
Desde los tiempos de Mario Marín, cuando el aumento al pasaje no vino acompañado de mejoras visibles.
Luego pasó por la era de Rafael Moreno Valle, que les metió presión e inauguró el sistema RUTA con bombo, platillo y más de un resentimiento.
Y más tarde, con Miguel Barbosa, el pasaje subió de 6 a 8.50 pesos en 2019, bajo la promesa —esa palabra tan elástica— de modernización.
Han pasado ocho años.
Y muchos concesionarios siguen jugando a la prórroga eterna.
Cobran como si invirtieran.
Operan como si nadie revisara.
Y cuando toca cumplir, estacionan las unidades y presionan con la vieja fórmula: si no hay aumento, no hay servicio.
La diferencia es que ahora, en tiempos de Alejandro Armenta, el mensaje suena distinto: ¿quieren aumento? Primero cumplan y luego hablamos.
Desde la Secretaría de Movilidad comandada por la Secretaria Silvia Tanús, juran que están haciendo su parte.
Inspecciones.
Plazos.
Advertencias.
Pero del otro lado parece haber oídos selectivos.
Algunos prefieren tener las unidades guardadas antes que alineadas.
Y aquí conviene subrayarlo: no están castigando al gobierno.
Están castigando al trabajador que llega tarde.
Al estudiante que pierde clase.
A la enfermera que dobla turno.
A la abuelita que espera bajo el sol.
Al discapacitado que depende del único camión adaptado… que hoy no pasó.
Porque el transporte público no es herencia familiar: es un permiso condicionado al cumplimiento.
Así que luego no haya sorpresa.
Si el gobierno decide retirar concesiones por omisiones reiteradas, que no se digan perseguidos. Que se digan advertidos.
Porque en esto del transporte, como en la política, el que no cumple… se va ¿O no?
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