La mayoría de las 21 demandas que se exigieron durante la Mega Marcha Universitaria del 5 de marzo de 2020 tras el multihomicidio de cuatro jóvenes del 23 de febrero por la noche en la zona de Huejotzingo, se mantienen sin cumplirse.
A un año del asesinato de cuatro jóvenes entre ellos, un estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), dos jóvenes de Colombia que estaban de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) y un operador de Uber, cuyos cuerpos aparecieron sin vida la mañana del 24 de febrero de 2020 en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, en Huejotzingo, las comunidades de las instituciones de educación superior mantienen la exigencia de justicia.
Durante las primeras horas del 24 de febrero de 2020, aparecieron sin vida y con marcas de proyectiles de armas de fuego los cuerpos de Ximena Quijano Hernández y José Antonio Parada Cerpa, estudiantes de intercambio en la Upaep y médicos internos de pregrado originarios de Colombia; de Francisco Javier Tirado Márquez, estudiante de la Facultad de Medicina de la UAP, quien realizaba prácticas de servicio social; y de José Emmanuel Vital Castillo, conductor de una unidad del sistema Uber.
El multihomicidio generó protestas por parte de los universitarios, primero de la máxima casa de estudios, luego de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep); y casi al mismo tiempo de instituciones públicas como el Instituto Tecnológico de Puebla, la Universidad Tecnológica de Puebla; y de privadas como la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), la Universidad Anáhuac Puebla.
El 5 de marzo de 2020, antes de la pandemia de covid-19, rectores y estudiantes de diferentes universidades del estado realizaron la llamada Mega Marcha Universitaria por las calles de la ciudad de Puebla en la que demandaron acciones para que se aplique la ley y se castigue a los responsables de la muerte de los jóvenes.
Tras la marcha, los estudiantes entregaron al gobierno del estado un pliego con 21 demandas dividido en cinco ejes con el objetivo de que se atienda la seguridad de los estudiantes en los rubros de educación, programas y servicios, equidad de género, infraestructura, movilidad y política interna.
En el rubro de educación, los estudiantes solicitaron capacitación en materia de Protección Civil para actuar ante una emergencia, así como aumentar las brigadas de respuesta para situaciones riesgo; se pidió la reestructuración de los programas de tutoreo, al igual que una investigación y un análisis criminogénico de las zonas aledañas a las facultades para elaborar un plan de acción que erradique factores de vulnerabilidad, violencia e incidencia criminal.
Al mismo tiempo, los estudiantes solicitaron la creación de un canal comunicación entre la Fiscalía General del Estado (FGE) para la correcta solución de cualquier denuncia.
Dentro del eje relacionado con la equidad de género, los estudiantes solicitaron la divulgación e implementación de protocolos de acción para prevenir y erradicar la violencia, así como generar un canal de comunicación que permita la atención a las denuncias.
A un año del multihomicidio, el investigador en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana Puebla, Miguel Calderón Chelius, explicó que la mayoría de las demandas solicitadas por los estudiantes, se mantienen sin cumplir.
“Es lamentable que este tipo de situaciones se presente. Es lamentable la capacidad de las autoridades para ofrecer respuestas contundentes que generen un clima de seguridad para la población estudiantil y para todos. La respuesta de nuestros gobiernos fue muy limitada y no han tenido la capacidad ni la sensibilidad para atender este tipo de demandas”, comentó.
Reconoció que la pandemia del covid-19 rompió los procesos que estaban encabezando los estudiantes en demanda de mayor seguridad y de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y los feminicidios.
“Se rompieron procesos que se venían dando no solo en términos de organización de las distintas comunidades. Me parece que se estaban presentando movilizaciones muy relevantes que se bifurcaron a partir de la pandemia. Hay una posposición de procesos que se venían dando y que eran relevantes y que se detuvieron por completo”, apuntó.
Para el investigador de la Ibero Puebla, las autoridades del gobierno de Puebla desperdiciaron una oportunidad para dar una respuesta a la comunidad universitaria y a la sociedad en general; además, las condiciones de seguridad no mejoraron y, por el contrario, están en peores condiciones; además, la posibilidad de que se registre un caso similar está latente.
“Estamos en un proceso de aislamiento por la pandemia y las autoridades desperdiciaron ese momento. Se dejó todo en el aire. Está latente la posibilidad de que se repite un caso similar. Lo único que cambió es que la pandemia obligó a que la población no esté en la calle. No ha disminuido por una mejor procuración de justicia”, apuntó.
En tanto, David Sánchez Sánchez, director de la Licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural y de la Maestría en Estudios Históricos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), destacó que se requiere una lucha conjunta entre autoridades y sociedad para contrarrestar la violencia.
“Hubo protesta en cuanto a la demanda de más justicia, más seguridad. La lucha es de todos. Es desde la propia sociedad hasta las academias, los gobiernos. Muchas veces, solo se responsabiliza a un político, a una institución, pero la lucha es de todos. La unidad es la que nos sacará adelante”, apuntó.
