Lo que comenzó como una protesta juvenil contra la censura digital se convirtió en un levantamiento social sin precedentes que dejó a Nepal sumido en la crisis política y social.
Jóvenes de la llamada «Generación Z» en Nepal, indignados por la prohibición limitada de 26 plataformas de redes sociales (entre ellas WhatsApp, Facebook, Instagram y X), estallaron en manifestaciones masivas contra la corrupción, los excesos de la clase política y la desigualdad que reina en uno de los países más pobres de Asia.
El detonante fue un decreto gubernamental que obligaba a las plataformas digitales a registrarse en un breve plazo, designar representantes en Nepal y cumplir con regulaciones estrictas bajo la Directiva sobre Regulación de Uso de Redes Sociales, 2023.
Al no cumplirse muchos requisitos, el gobierno bloqueó los servicios, medida que tocó la fibra social: en un país donde casi el 80 % del tráfico de internet depende de esas apps, la decisión desencadenó una ola de repudio especialmente entre jóvenes que se sentían silenciados y marginados.

Escalada y consecuencias
Las protestas, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas tras la respuesta policial.
En Katmandú, manifestantes quemaron vehículos, saquearon oficinas de medios, atacaron residencias de ministros y prendieron fuego al Parlamento, al Tribunal Supremo y a la casa del primer ministro K.P. Sharma Oli.
Se reportaron al menos 25 muertos y más de 300 heridos en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Bajo presión, el gobierno revocó el veto digital, restauró el acceso a las redes sociales y anunció renuncias ministeriales. Finalmente, el primer ministro dimite, incapaz de contener la protesta que exigía cambios reales más allá de medidas simbólicas. El País+1
Factores estructurales y demandas ciudadanas
Los manifestantes han puesto nombre al malestar: la campaña viral “Nepo Kid” criticaba a los hijos de políticos con estudios en el extranjero, autos de lujo y estancias costosas, símbolos de nepotismo y desigualdad.
Estos actos se suman a escándalos recientes de corrupción relacionados con estafas en visados, tráfico de tierras y contrabando de oro, que minan la confianza en los partidos tradicionales (Congreso Nepalí, CPN-UML, Maoístas).
También pesa la crisis económica: ingresos per cápita bajos, alto desempleo juvenil, dependencia de remesas del exterior, y una población joven que ve pocas oportunidades.
Las redes sociales funcionaban como espacio de expresión, organización y denuncia. Al ser bloqueadas, se sintió una agresión directa al derecho de expresión.
Respuesta institucional en Nepal
Como medida extrema para restablecer el orden, se impuso toque de queda en Katmandú, y el ejército asumió control de puntos estratégicos.
Las autoridades han anunciado investigaciones para determinar responsabilidades en los muertos y heridos; organismos internacionales como Amnistía Internacional y la ONU han condenado el uso excesivo de la fuerza y demandan transparencia.
El nuevo escenario obliga a Nepal a una encrucijada: ¿reestructurar la forma de hacer política, reformar la transparencia, y abrir espacios reales de participación ciudadana; o seguir con medidas de control que alimenten el desencanto social?
Las demandas de la juventud podrían marcar una reconfiguración profunda del sistema político nepalés.
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