Ante el reclamo de la población interna y de sus familiares que están albergados en los penales que tiene el Estado, con más de seis mil internos que reclaman mejores condiciones de estancia y de alimentos, el Estado tiene recursos agotados.
Un estudio presentado al gobernador del Estado, indica que los gobiernos municipales donde hay reclusorios del Estado o de los propios ayuntamientos, contribuyen a la alimentación de la población albergada, o de los servicios de salud y hasta del salario de los custodio.
Pero por alguna razón, el gobierno municipal de Puebla, no aporta ni un peso para el mantenimiento del centro penitenciario San Miguel, que es además el más grande en población y en espacio, por lo que el Gobierno del Estado habrá de dejar un estudio para corregir esa laguna jurídica.
El gobernador Sergio Salomón Céspedes, señaló que el nuevo Gobierno a cargo de Alejandro Armenta tendrá a través de su área jurídica las condiciones que se tiene en los penales del Estado como son Ciudad Serdán, destinado ahora a Mujeres, Cholula, Tepexi de Rodríguez y Puebla (San Miguel ).
Pero en el Estado existen 22 Centros de Readaptación Social (CERESOS): además de los ya citados, que son regionales también con población importante están :Huauchinango, Tehuacán, Acatlán, Atlixco, Chiautla de Tapia, Chignahuapan, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Libres, Tecali de Herrera, Tecamachalco y Tepeaca.
La sobrepoblación existe en casi todos esos centros y sus condiciones son de absoluta pobreza, con limitaciones absolutas y en todos falta ocupación de los internos.
Será por eso un estudio a heredar a la próxima administración sobre un tema difícil, por cierto el exgobernador Miguel Barbosa (qdp) realizó una revolución en San Miguel al desaparecer instalaciones indebidas y ayunque se proponía crear nuevos centros de reclusión, no se logró.
