Uno de los problemas del país es la inseguridad y cualquier política en este tema pasa por valorar cómo lo atiende la autoridad y con qué recursos cuenta. En 2024, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) y Estatal (CNSPE) 2025 publicado por el INEGI, el presupuesto total ejercido por la Guardia Nacional (GN) y las instituciones estatales fue de 133 mil 168 millones de pesos corrientes.
De este total, GN recibió el 26% (un incremento del 35.2% respecto a 2023) y las instituciones estatales (excluyendo Ciudad de México) aumentaron su presupuesto en 11.7%. Este crecimiento muestra una apuesta por fortalecer capacidades, aunque persisten brechas en infraestructura y especialización.
Al cierre de 2024, las cifras revelan avances significativos en profesionalización, pero también desafíos persistentes en materia de cobertura y condiciones laborales. Uno de los logros más destacados es el avance en la obtención del Certificado Único Policial (CUP), documento que acredita las competencias básicas del personal.
A nivel nacional, el 74.6% del personal de seguridad pública cuenta con esta certificación. La GN supera este promedio con un 87.9%, mientras que entidades como Chihuahua y Querétaro alcanzan el 100%, marcando un referente en profesionalización.
El total de efectivos en funciones de seguridad pública ascendió a 283 mil 204 personas, de las cuales 132 mil 036 corresponden a la GN (46.6%) y 151 mil 168 a corporaciones estatales (53.4%). Sin embargo, la tasa nacional de policías estatales por cada mil habitantes se mantiene en apenas 1.0, con Tabasco como excepción al registrar 2.1. Esta cifra evidencia una cobertura muy limitada frente a las necesidades de seguridad en muchas regiones del país.
A pesar de los avances en capacitación, las condiciones económicas del personal siguen siendo precarias. El 48.3% del personal estatal percibe ingresos brutos mensuales de hasta 10 mil pesos, mientras que en la GN esta proporción asciende a un preocupante 88.9%. Esta disparidad salarial, especialmente en cuerpos federales, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual y su impacto en la motivación y retención del personal, un tema muy preocupante.
Los resultados del censo ofrecen insumos valiosos para el rediseño de políticas públicas en seguridad. La profesionalización avanza, pero debe acompañarse de mejoras salariales, mayor cobertura territorial y fortalecimiento de unidades especializadas. La consolidación de un sistema de seguridad eficaz, justo y sostenible requiere no solo inversión, sino también voluntad política y coordinación interinstitucional. Los retos siguen siendo mayúsculos. El problema persiste.
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